Madrid, 23 jun (EFE).- El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) pide cuatro años de prisión para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso.
En el escrito de acusación presentado en el Supremo, al que ha tenido acceso EFE, el ICAM solicita otros tres años de prisión para la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, como cooperadora necesaria por el mismo delito de revelación de secretos.
Propone además una multa de 81.000 euros, tres años de suspensión de cargo público e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado para García Ortiz. En el caso de Rodríguez, la multa sería de 27.000 euros y la suspensión de empleo de dos años.
El ICAM, que es acusación en la causa porque se querelló contra el fiscal general al igual que hizo González Amador, reproduce la acusación incluida en el auto de procesamiento del juez Ángel Hurtado y afirma que García Ortiz actúo «siguiendo indicaciones de la Presidencia del Gobierno».
Según su escrito, los acusados actuaron «con pleno desprecio a los principios de legalidad e imparcialidad» con el fin de «contribuir a un rédito político» por tratarse de un caso de fraude fiscal cometido por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El Colegio de Abogados afirma en su relato que fueron ambos acusados los que filtraron el correo electrónico del abogado de González Amador en el que ofrecía un pacto al fiscal del caso y admitía la comisión de dos delitos fiscales, y los que ordenaron publicar la nota de prensa en la que se informaba de lo ocurrido después de que ‘El Mundo’ publicase que era la Fiscalía la que había ofrecido el acuerdo.
«Conocedores de una información reservada por razón de sus respectivos cargos, en aras de ‘ganar el relato’ en términos periodísticos, eran conscientes de que con los datos ofrecidos en la nota informativa, así como con la difusión del correo de 2 de febrero de 2024, estaban trascendiendo a la opinión pública elementos confidenciales sobre responsabilidad penal y autoría -conocidos por razón de sus respectivos cargos- que afectaban del pleno al derecho de defensa del afectado», expone el escrito.
Sostiene el ICAM que, «con el argumento sofista de que estaban saliendo al paso de un bulo», ambos sabían «que se estaba lacerando el secreto profesional, la guarda del debido secreto de los asuntos reservados conocidos por razón de su cargo y los derechos del justiciable».
Afirma en ese sentido que, al margen del daño reputacional, la filtración ha causado una «merma del derecho al proceso con todas las garantías» de la pareja de Ayuso, así como de sus derechos a un juicio justo, a la presunción de inocencia y a no autoincriminarse en el procedimiento penal seguido por presunta defraudación tributaria.
Por otra parte, la acusación popular que forman Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oir y Vox pide también una pena de cuatro años de prisión para el fiscal general por revelación de secretos y prevaricación administrativa, una pena que rebaja a tres años para la fiscal provincial como cooperadora necesaria.
Además, en un escrito al que ha tenido acceso EFE, solicita una multa de 18 meses, tres años de suspensión de cargo público e inhabilitación especial de 12 años para García Ortiz. En el caso de Rodríguez, la multa sería de 15 meses y la suspensión de empleo de dos años.
En cuanto a la indemnización, se adhiere a la petición de Alberto González Amador, pareja de Isabel Diaz Ayuso, de 300.000 euros.
