Madrid, 9 sep (EFE).- El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto-ley por el que se amplían los permisos de nacimiento y cuidado, gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, que se ha abstenido.
La iniciativa ha salido adelante con una mayoría de 313 votos a favor -PSOE, PP, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y UPN-, 33 abstenciones (de Vox) y ningún voto en contra.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la encargada de defender esta iniciativa ante los parlamentarios y de pedirles su voto a favor, ya que, según ha dicho, garantiza derechos, reduce la brecha de género y fomenta la igualdad.
Este real decreto-ley incluye las dos semanas de permiso retribuido para el cuidado de niños hasta los 8 años (para los nacidos desde agosto de 2024), así como una más de permiso por nacimiento, lo que se traduce en un total de 19 semanas retribuidas para atender a los hijos pequeños, que alcanzan las 22 si se suma la acumulación del permiso por lactancia.
Díaz ha insistido en que esta medida «beneficiará a casi un millón de personas el primer año» que «tendrán más tiempo para estar con los suyos y menos agobios en sus vidas», y ha detallado que tiene un coste de 1.500 millones de euros en su despliegue y 1.000 millones anuales en años posteriores.
En este sentido, ha aclarado que esta norma beneficia no solo a los trabajadores asalariados, sino que incluye a los empleados públicos y a las personas trabajadoras autónomas.
Apoyo de todos los grupos, salvo Vox
Todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, han votado a favor de la convalidación del decreto, aunque partidos como el PP o Podemos han sido muy críticos con la norma, mientras que otros como ERC han pedido la tramitación como proyecto de ley para poder introducir mejoras.
La diputada popular Carmen Fúnez de Gregorio ha dado «un sí rotundo a la conciliación» y «a las ayudas a las familias», pero ha lamentado que los permisos «se vayan a aplicar por igual a las empresas del Ibex que a un pequeño autónomo que tenga cuatro trabajadores a su cargo».
«España necesita una revolución en conciliación y no un parche» que «evita una sanción», ha dicho la parlamentaria del PP, quien se ha preguntado si «era necesario que España tuviera que vivir el bochorno de verse sancionada y condenada por el Tribunal Europeo de Justicia por llegar tarde a las políticas de conciliación».
El diputado de ERC Jordi Salvador, ha insistido en que se debe tramitar como proyecto de ley, ya que se podrá «hacer una ley aun más madura y añadir ciertos permisos que faltan» y ha pedido a la derecha su apoyo porque «los derechos humanos, los derechos de los menores, hay que cumplirlos, con diálogo y sin».
También a favor del decreto se ha mostrado Bildu. Su diputada Mertxe Aizpurua ha valorado el texto porque amplía derechos, pero ha apuntado que «llega tarde y es insuficiente».
Durante su intervención en el debate del real decreto-ley, el diputado de Junts Josep María Cervera ha reconocido que «la medida tiene muchos beneficios» y supone «una ampliación de derechos sociales muy importante», pero ha considerado necesario incluir medidas para mitigar los efectos en las pymes, donde la falta de un trabajador puede tener un efecto importante.
El diputado de BNG Néstor Rego ha advertido de que con estos permisos «el Gobierno arrastra los pies» y «no llega a lo que se había comprometido», mientras que la parlamentaria del PNV, Idoia Sagastizábal, ha reconocido que el texto tiene aciertos pero incluye un derecho «limitado y distorsionado» que genera desigualdad porque deja fuera a las familias con niños de entre 1 y 8 años.
Desde Podemos, la diputada Noemí Santana ha sido muy crítica con el decreto, ya que en su opinión se trata de una «estrategia trilera» y «ha manipulado datos para hacer ver que supone un avance», además de que ha reprochado al Gobierno su falta de ambición.
El único grupo que no ha votado a favor ha sido Vox, cuya diputada, María de la Cabeza Ruiz, ha calificado esta iniciativa de «oportunidad perdida» porque «no es suficiente», «no va a solucionar el problema de conciliación de nuestras familias y tampoco va a fomentar la natalidad».
