Madrid, 10 abr (EFE).- El pleno del Congreso aprobará previsiblemente este jueves una proposición de ley orgánica del PSOE para disolver aquellas asociaciones que hagan apología del franquismo, una iniciativa que no afectará a la Fundación Francisco Franco, al tratarse de una fundación y no de una asociación.
Esta iniciativa legal cuenta con el apoyo de la mayoría del Congreso, ya que el dictamen fue aprobado recientemente en comisión con el apoyo del PSOE y sus socios parlamentarios, el rechazo de Vox y la abstención del PP, que en su momento votó a favor de la toma en consideración de la norma.
Por ello, y salvo sorpresas, lo previsible es que esta proposición de ley orgánica salga adelante en su votación este jueves en el pleno del Congreso, aunque luego tendrá que pasar al Senado, donde hay posibilidad de introducir enmiendas.
En el caso del Congreso, el PSOE no aceptará ninguna de las enmiendas que algunos grupos han decidido mantener para su debate y votación en el pleno, según han confirmado a EFE fuentes socialistas, por lo que la proposición de ley no sufrirá más cambios en esta cámara.
Tampoco se debatirá ni votará la enmienda transaccional firmada por el PSOE, Sumar, Podemos, ERC y Bildu con el objetivo de revertir los “desahucios exprés” incluidos en otra ley, ya que era necesario contar con el apoyo de todos los grupos para llevar este asunto al pleno y no están de acuerdo PP, Vox, Junts ni el PNV.
En concreto, la iniciativa del PSOE que aprobará el pleno del Congreso pide reformar la ley orgánica reguladora del derecho de asociación para incluir como causa de disolución de una asociación la apología del franquismo, adaptando así esta normativa, de 2002, a la ley de memoria democrática, de 2022.
La ley de memoria democrática recoge expresamente la obligación de modificar la citada ley de asociaciones para disolver aquellas que ensalcen el golpe de Estado y la dictadura franquista o que “enaltezcan a sus dirigentes con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas”.
Esta reforma legal no afecta a la Fundación Francisco Franco, al tratarse de una fundación y no de una asociación, pero el Gobierno tiene previsto pedir este año ante la Justicia su extinción.
Lo hará empleando otro punto de la ley de memoria, que recoge la posibilidad de solicitar a un juez la extinción de una fundación contraria al interés general y cita como causa la apología del franquismo.
