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Madrid, 8 oct (EFECOM).- El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles la Ley de Movilidad Sostenible, con 174 votos a favor, 170 en contra y la abstención de los cuatro diputados de Podemos, que en el último momento han cerrado un acuerdo con el Ministerio de Transportes que ha permitido que el proyecto saliera adelante.
A cambio de la abstención de Podemos, el ministerio que dirige Óscar Puente se ha comprometido públicamente a que la ejecución material de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat no empezará antes de 2031.
Según Podemos, esto supone que el Gobierno atiende su demanda de «aplazar» la ampliación del Prat y «recoge expresamente que la ampliación de El Prat no se incluirá en el DORA III», el documento regulatorio que planifica las infraestructuras aeroportuarias para el periodo 2026-2031.
En cambio, Óscar Puente ha asegurado que el acuerdo «no supone ninguna variación en los plazos previstos en el DORA III» y que el pacto con Podemos para lo que sirve es para «reforzar los requisitos medioambientales y que el plan director del aeropuerto cuente con todos los avales y requerimientos que determina el paquete europeo ‘Fitfor55’ (que contempla una reducción de emisiones del 55 % para 2030).
En los pasillos del Congreso, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha considerado el comunicado del ministerio una «noticia sin precedentes» y ha manifestado su satisfacción por «haber demostrado una vez más que pelear sirve».
En cuanto a la segunda de sus exigencias, parar la ampliación del puerto de Valencia, ha dicho que no lo han conseguido y por ello se han abstenido y no votado a favor.
En juego 10.000 millones de fondos europeos
La aprobación de la Ley de Movilidad sostenible, considerada imprescindible para modernizar la movilidad y luchar contra el cambio climático, es un compromiso con la Comisión Europea del que depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos.
Sus principales objetivos son descarbonizar el transporte, digitalizar el sector, reconocer la movilidad como derecho ciudadano y aumentar la eficiencia del gasto público.
Para ello crea un nuevo sistema de cogobernanza, obliga a las empresas de más de 200 trabajadores a tener planes de movilidad sostenible, impulsa la electrificación de trenes y también de puertos y aeropuertos, la supresión de vuelos cortos, la recuperación de trenes nocturnos, la reordenación de las rutas de transporte público por carretera y un mecanismo de financiación estable para el transporte público urbano.
También apuesta por sustituir el transporte de mercancías por carretera por el ferroviario, insta a la Dirección General de Tráfico a modificar las etiquetas ambientales y prevé el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.
En declaraciones en el Congreso, Puente ha destacado que este nuevo marco legal va a dar «seguridad jurídica, estabilidad y coherencia» al sistema de movilidad, que primará el transporte público y la movilidad activa como alternativa «eficaz y eficiente» al coche privado.
Ha recordado que la ley ya se presentó en la legislatura anterior y decayó por la convocatoria anticipada de elecciones, aunque ha lamentado que el PP no se haya sumado al consenso en torno al nuevo modelo de movilidad.
La ley permitirá cerrar el nuevo modelo concesional de transporte de viajeros por autobús, en el que el Gobierno pretende que las comunidades asuman sus tráficos intrarregionales, aunque, dado que regiones del PP han mostrado su rechazo a este nuevo modelo, el Gobierno se compromete a no suprimir ninguna parada.
PP, Vox y UPN en contra
A favor de la ley han votado el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, CC y los diputados del grupo mixto José Luis Ábalos y Águeda Micó.
El diputado del PNV Mikel Legarda no ha votado por problemas técnicos, mientras que el parlamentario del PP Guillermo Mariscal no lo ha hecho porque está de viaje de novios.
Durante el debate, el representante del PP José Alberto Herrero ha justificado el rechazo de su grupo en que se trata de una «ley puramente ideológica», y ha criticado especialmente que «demonice el vehículo privado» y que, a su juicio, deje a numerosos municipios sin parada de autobús en el nuevo mapa concesional, algo que niegan los socialistas.
Para Carina Mejías (Vox) esta ley es una «chapuza para imponer la ideología de la agenda 2030, que bajo el disfraz ecológico protege a los ecopijos y ecoburgueses y ahoga y perjudica a los trabajadores, recortando derechos y aumentando la burocracia».
En defensa del texto, el socialista Ignacio López Cano y el ponente de Sumar Alberto Ibáñez han hecho hincapié en que éste es fruto de un «gran acuerdo» entre diferentes grupos políticos, el movimiento ecologista, los sindicatos, el Consejo de la Juventud y diversas patronales.
Para el diputado de Bildu Mikel Otero, el resultado final no está a la altura que requiere la situación de emergencia climática que se vive, pero esta ley puede ser la «pieza fundacional» de una política de movilidad moderna, si su desarrollo reglamentario y el compromiso presupuestario posterior se hace con ambición.
En nombre del PNV, Nerea Renteria ha opinado que esta es una ley «necesaria», que supone un «avance», pero que presenta «importantes deficiencias», sobre todo de ámbito competencial, por lo que ha dado un «apoyo crítico, matizado y responsable».
Desde Junts, Isidre Gavin ha destacado su labor para mejorar el texto inicial, que se planteaba -han dicho- desde una «mentalidad centralista», para que fuera positivo para Cataluña.
En la misma línea, la diputada de ERC Inés Granollers ha apuntado que la ley nació «mal» e «incompleta», pero ha sostenido que gracias a los cambios introducidos en la ponencia se han salvaguardado las competencias de la Generalitat -una de sus líneas rojas- y se ha dado un paso «histórico» en las mercancías ferroviarias, entre otros avances.
