Madrid, 18 mar (EFE).- El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la toma en consideración de una proposición de ley de Junts que pretende agilizar el desalojo de okupas, tanto en casos de allanamiento de morada como en usurpaciones.
El Congreso ha aceptado tramitar la iniciativa de Junts, con el voto a favor de PP, Vox, PSOE, PNV o Coalición Canaria y el rechazo de grupos de izquierda como Sumar, EH Bildu o ERC.
Esta proposición busca el desalojo inmediato de los okupas en caso de allanamiento de morada habitual, delito flagrante y cuando la Policía entienda que la entrada ha ocurrido en las 48 horas anteriores, basándose en circunstancias como la rotura de puertas o ventanas, la activación de una alarma o testimonios de vecinos, testigos o vigilantes.
Junts pretende además que los ocupantes tengan 48 horas para acreditar su “posesión legítima” y en caso contrario se proceda a su “desalojo inmediato”.
También proponen limitar la suspensión de los desahucios a casos en los que las viviendas pertenezcan a empresas o a personas físicas con más de diez viviendas, así como a ocupantes que además de estar situación de vulnerabilidad económica sean dependientes o víctimas de violencia machista.
Además, pretenden dar potestad a los jueces, “previa solicitud de parte”, para dictar como medida cautelar la expulsión.
Junts pide respuesta ante la preocupación ciudadana
La diputada de Junts Marta Madenas ha argumentado que la okupación preocupa a la ciudadanía y exige una respuesta política. Ha denunciado el caso de redes criminales de okupación, que sacan ventaja de la población vulnerable.
Además, ha destacado que su iniciativa busca la recuperación rápida de los inmuebles, ampliando el concepto del delito flagrante y fomentando juicios inmediatos, y no propone aumentar sanciones.
La propuesta de Junts indica que en situaciones de vulnerabilidad es la administración la que debe buscar alternativas habitacionales, una máxima que comparten Coalición Canaria o el PNV, que consideran que “no se puede cargar al propietario con la responsabilidad de las familias vulnerables”.
Durante el debate los grupos mayoritarios de PP y PSOE no han adelantado su posición aunque finalmente han votado a favor de tomarla en consideración, al igual que Vox.
El PP ha centrado su intervención en defender que España ya tendría una mejor legislación si su ley antiokupación, que según los populares tiene apoyo para ser aprobada, no estuviese paralizada en la Mesa del Congreso. Su propuesta incluye el endurecimiento de penas, desalojos en 24 horas o impedir los empadronamientos en inmuebles okupados.
Los socialistas, en boca de Guillermo Hita, han cargado contra la derecha por “meter miedo” con la okupación, han defendido que su ley de vivienda funciona y han denunciado la corrupción inmobiliaria del PP entre 2002 y 2008 en Arganda del Rey.
Vox por su parte ha llevado el debate a lo que considera una ocupación de los barrios y las calles por parte de la población migrante.
La izquierda denuncia que el problema se sobredimensiona
Sumar, EH Bildu, o ERC han votado en contra de una iniciativa que en su opinión sobredimensiona el problema para generar en la ciudadanía el temor de que les ocupen la casa cuando van a “comprar el pan”, a pesar de que las okupaciones afectan al 0,06 % de los inmuebles.
Son la especulación y las viviendas vacías de rentistas, fondos buitre o bancos las que perjudican el derecho a la vivienda, han argumentado diputados como Oskar Matute (EH Bildu), Gerardo Pisarello (Sumar) o Etna Estrems (ERC). EFE
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