Lima, 11 sep (EFE).- El Congreso de Perú archivó este jueves una denuncia constitucional presentada el año pasado por la Fiscalía contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas sociales entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023.
Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado peruano con inmunidad, entre ellos el presidente, y deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada antes de continuar con el proceso judicial.
La decisión fue tomada por la Comisión Permanente del Congreso, que aprobó con 12 votos a favor y 10 en contra un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propuso archivar la petición presentada por el entonces fiscal general interino, Juan Carlos Villena, al considerar que no hay pruebas suficientes para acusar a la mandataria.
Al conocerse la medida, la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022-2023 condenó «enérgicamente la decisión» y aseguró que el Congreso le «ha dado la espalda a los peruanos».
El Congreso informó que Villena señaló que Boluarte presuntamente incurrió en una «comisión por omisión, con dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves en agravio de 49 fallecidos y 250 heridos».
En la denuncia también se incluía a los ex primeros ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, y los ex ministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, así como al exministro de Defensa Jorge Chávez.
El Congreso señala falta de pruebas
Durante la sustentación del informe, que fue aprobado el pasado 18 de julio, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, señaló que no existen pruebas que, hasta el momento, «permitan demostrar fehacientemente y con claridad objetiva» las acusaciones.
«No existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones», remarcó.
Ante esto, la parlamentaria izquierdista Ruth Luque consideró que el informe fue elaborado «solo para impedir que haya una investigación del Ministerio Público» y dijo que las muertes implican «una responsabilidad política que corresponde a la señora Dina Boluarte».
Luque planteó una cuestión previa para que el informe retorne a la Subcomisión, pero al quedar la votación en 10 votos a favor y 10 en contra, el tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López, quien presidía la mesa de debate, votó en contra.
Tras la decisión de archivar la denuncia, el congresista izquierdista Edgard Reymundo solicitó una reconsideración, pero esta también fue rechazada.
Condena enérgica de familiares
Posteriormente, la organización que reúne a los familiares de las decenas de fallecidos y heridos durante las protestas calificó de «descarado» el proceder del Congreso y lo condenó «enérgicamente».
«El archivamiento de esta denuncia es una afrenta a la memoria de nuestros hijos, hermanos y compatriotas asesinados, una burla contra las madres que siguen llorando, contra los heridos que cargan de por vida las huellas de la represión, y contra todo el país que exige justicia», enfatizaron los familiares en un pronunciamiento.
Las protestas sociales se presentaron en diversas regiones del país, principalmente en el sur andino, tras la destitución, el 7 de diciembre de 2022, del entonces presidente Pedro Castillo por el Congreso, poco después de que este anunciara que pensaba cerrar el Parlamento, intervenir en la Judicatura y gobernante por decreto.
Tras la salida de Castillo, la jefatura del Estado fue asumida por su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, mientras que las manifestaciones fueron reprimidas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con un saldo de decenas de fallecidos y cientos de heridos.
Según las pericias fiscales, entre los fallecidos hubo víctimas por proyectil de arma de fuego y golpe con objeto contundente, además de heridos por arma de fuego, golpe con objeto contundente, bomba lacrimógena y por otros objetos.
