Madrid, 11 jun (EFE).- El pleno del Congreso debate este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox a la reforma de la ley del Poder Judicial propuesta por el Gobierno, que regula el acceso a las carreras judicial y fiscal y blinda las becas para los opositores que no cuenten con suficientes medios económicos.
Una reforma que ha tenido una dura contestación por parte de las asociaciones de jueces y fiscales, que este miércoles han protagonizado un paro de 10 minutos en protesta por esta ley que a su juicio afecta gravemente a la independencia judicial e incrementa el riesgo de politización.
PP y Vox se suman a estas críticas y piden la devolución al Gobierno de este proyecto de ley que se tramita por la vía de urgencia y cuyo plazo para presentar enmiendas concluye este mismo viernes.
Ambos partidos coinciden en destacar que la reforma pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y tiene un «afán intervencionista».
El PP denuncia en su enmienda a la totalidad que el texto «socava los pilares del Estado de derecho» y advierte de que lo que el Ejecutivo denomina modernización o reforma estructural «no es sino un intento deliberado de desmantelar los principios básicos sobre los que se asienta nuestro modelo constitucional de Justicia: mérito, capacidad, igualdad y objetividad en el acceso a las profesiones jurisdiccionales».
En este sentido, critica la modificación de los mecanismos de acceso a la carrera judicial, la «regularización automática» de jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes y la remodelación del cuarto turno «para incrementar la arbitrariedad en el proceso de selección».
«Constituyen una regresión institucional sin precedentes desde la recuperación de la democracia», subraya.
Para el PP, el Gobierno ha optado por «avanzar en su agenda ideológica, sacrificando en el camino garantías esenciales para la independencia judicial».
Así, concluye que «no hay neutralidad posible ante un texto legislativo que amenaza el principio de legalidad, subvierte las carreras judicial y fiscal desde su base y erosiona la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de sus jueces y fiscales».
Por su parte, Vox denuncia que con este proyecto de ley, el Gobierno demuestra su intención de acabar con la separación de poderes, «subordinando la Justicia a sus intereses ideológicos y partidistas, con la voluntad de conseguir que los jueces, magistrados y fiscales se dobleguen bajo su hegemonía».
«Se busca intensificar la politización de la Justicia, sin que pueda ignorarse cuál es su propósito último en vista de los numerosos casos que se encuentran en investigación por supuestas acciones de corrupción por parte de miembros del Ejecutivo, del Partido Socialista o de personas vinculadas a ambos», destaca.
Alerta, asimismo, del «ánimo de intervenir en la formación de los futuros jueces y fiscales, con claros objetivos de adoctrinamiento».
«El texto propuesto expresa de manera contundente la intención del Gobierno de socavar la independencia del Poder Judicial, distorsionando su carácter independiente y neutral, que la Constitución le reconoce», concluye Vox en su enmienda a la totalidad.
