Madrid, 28 mar (EFE).- La Mesa del Congreso ha decidido este viernes rechazar las tres peticiones de reconsideración del PP, Junts y ERC a su decisión previa de aceptar el veto presupuestario del Gobierno a las enmiendas que incorporó el Senado a la ley de desperdicio alimentario.
Además, según han informado fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso ha tenido conocimiento este viernes de una comunicación remitida por el Senado en la que informa de que el Gobierno requirió a la Mesa de la Cámara Alta a levantar su rechazo al veto presupuestario de nueve enmiendas.
Así, el Gobierno dio el paso previo para un conflicto de atribuciones contra el Senado que tendrá que resolver el Tribunal Constitucional (TC).
La Mesa ha decidido rechazar este viernes las solicitudes de reconsideración en base a una propuesta jurídica en la que se argumenta que la aceptación de los vetos fue acorde con la Constitución, el Reglamento y la jurisprudencia del TC, y que se actuó conforme a derecho, porque las enmiendas estaban afectadas por el criterio de disconformidad del Gobierno “en la medida en que identifica claramente su impacto presupuestario”.
Según esta argumentación jurídica, una sentencia del TC de 2023 señala respecto a al veto presupuestario que “incumbe a las mesas parlamentarias en general, pero en particular a la Mesa del Congreso, llevar a cabo un control reglado sobre el ejercicio de la facultad del Gobierno” de vetar una iniciativa, siempre que no sea por “criterios de oportunidad política”.
Por ello, según la argumentación adoptada por la mayoría de la Mesa, era correcto aceptar los vetos, ya que además, según el artículo 111.4 del Reglamento del Congreso, la potestad de aceptarlos cabe “en cualquier momento de la tramitación”.
En este sentido, la Mesa recuerda la literalidad del artículo 134.6 de la Constitución: “Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá de la conformidad del Gobierno para su tramitación”.
Añade que, en otro artículo, la Constitución se refiere a las modificaciones introducidas por el Senado al texto de una ley en trámite como “enmiendas”, aunque hayan sido ya aprobadas por el pleno de la Cámara Alta, por lo que se les puede aplicar lo contenido en aquel precepto.
El letrado mayor, Fernando Galindo, señaló de palabra en la reunión de la Mesa en la que se aceptaron esos vetos presupuestarios que no había precedentes en este momento del trámite de aceptarlos, con lo que mostró oposición al acuerdo que entonces iba a tomar la Mesa.
De las enmiendas vetadas, destacaban una del PP para reducir el IVA a los alimentos y otra de ERC y Junts para postergar el cierre de plantas de tratamiento de purines, hecha a favor del sector porcino.
Las decisiones de la Mesa han sido tomadas con los votos a favor del PSOE, que tiene tres miembros, y de Sumar, que tiene dos, frente al PP, que tiene los otros cuatro.
Este asunto originó la pasada semana un bronco pleno en el Congreso, con acusaciones de prevaricación por parte del PP, que exigía que el orden del día de la sesión se modificara para que el debate y votación de la norma quedara fuera.
Al enfado del PP se unió el de Junts y ambos grupos votaron luego en contra de la creación de una agencia estatal de salud pública, un tema que no tenía nada que ver y del que estaban a favor, que usaron como castigo.
El PP registró después un escrito de queja por la decisión de no alterar el orden del día tomada por el vicepresidente primero de la Mesa, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que sustituía en aquel momento a la presidenta, Francina Armengol.
A esa queja, la mayoría de la Mesa ha contestado este viernes, con otra argumentación jurídica a la que también ha accedido la prensa, que solo podría haberse alterado el orden del pleno mediante unanimidad de la Junta de Portavoces, “por práctica inveterada”, costumbre parlamentaria, y en defensa de las minorías, porque si no la Mesa podría suprimir los puntos de los grupos menores.
