Madrid, 6 abr (EFE).- El Pleno del Constitucional encara este martes el litigio sobre si la Audiencia de Sevilla puede elevar una cuestión prejudicial por el caso de los ERE, un “debate jurídico” con varios informes sobre la mesa que coinciden en que no se puede impedir al tribunal andaluz acudir a la Justicia europea.
Fuentes jurídicas informan a EFE que existen hasta cinco informes internos elaborados por letrados adscritos a magistrados progresistas y conservadores que coinciden en que la Audiencia de Sevilla puede elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de la Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El debate arrancará con un breve planteamiento del presidente, Cándido Conde-Pumpido, para luego dar la palabra a los dos ponentes, ya que también se debatirá sobre la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hace unos días elevó una cuestión prejudicial sobre un caso que afecta a Cabify.
Posteriormente intervendrán todos los magistrados que deseen hacerlo en un debate que se antoja “largo” por tratarse de un asunto “que no se había producido nunca en el tribunal, hasta la fecha”.
Las fuentes dejan claro que el planteamiento como “debate jurídico” implica que “no se adoptará ninguna decisión procesal”, es decir, el tribunal no emitirá ninguna resolución al respecto, lo que se entiende como una señal de que la corte de garantías no impedirá a la Audiencia de Sevilla acudir a la Justicia Europea, como así lo avalan todos los informes que tienen sobre la mesa.
Uno de ellos, encargado por Conde Pumpido, señala que es una “premisa insoslayable” poder elevar una consulta a Europa y que “la prudencia y el respeto institucional al ámbito competencial de las distintas jurisdicciones impiden sugerir ningún tipo de actuación por parte del TC en una tesitura como la abierta por la providencia de la Audiencia”.
Otro, elaborado por una letrada adscrita al conservador César Tolosa, dice que “una actuación del TC español que produzca el efecto de impedir, limitar o disuadir de cualquier manera a un órgano jurisdiccional inferior de plantear una cuestión prejudicial podría incurrir en un incumplimiento del Derecho de la Unión”.
También otro texto, encargado por el conservador José María Macías, sostiene que “la decisión de plantear una cuestión prejudicial no es susceptible de recurso alguno ni puede ser declarada nula, anulada, revocada o en cualquier otra forma dejada sin efecto por otro tribunal diferente del que haya decidido plantearla, incluido, otra vez, el TC”.
Por eso, las fuentes consultadas, de ambas sensibilidades en el tribunal, son prácticamente unánimes en que no se puede frenar una consulta a Europa por parte de los jueces de los ERE, aunque en las filas progresistas hay malestar con la actuación del tribunal sevillano.
Todo ello siempre que la Audiencia de un paso adelante y eleve una cuestión prejudicial, ya que la providencia que dio origen a la polémica, más allá de cuestionar que el amparo concedido a los distintos condenados fuera del todo compatible con el derecho de la UE, se limitó a pedir opinión a las partes sobre si la corte de garantías se extralimitó e invadió ámbitos reservados a los jueces.
Es decir, la Audiencia aún no ha tomado una decisión y, de hecho, la Fiscalía Anticorrupción ha desaconsejado acudir a la Justicia europea al considerar que en este caso puede resolver sus dudas conforme al derecho interno y que la corte de garantías “no se ha extralimitado al anular una resolución judicial”.
Para el debate que arranca este martes, el TC va a contar con la providencia que Conde-Pumpido solicitó, un movimiento ante el que la Audiencia de Sevilla optó por pedir al Constitucional una justificación en vez de remitirla directamente. EFE
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