Madrid, 6 jul (EFE).- Antxon Alonso, el presunto socio del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, señalada en el último informe de la UCO por el supuesto pago de ‘mordidas’ por adjudicaciones públicas y que le puso en contacto con PNV y EH Bildu, comparece este lunes ante el juez.
Alonso está citado a las 11.00, una hora antes de que declare Fernando Agustín Merino, que ocupó diversos cargos en Acciona y que fue despedido en 2021. Ambos comparecerán en calidad de investigados ante el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.
El nombre de Antxon Alonso aparece en el informe de la UCO que destapó el papel de Cerdán en la trama, en particular por un contrato privado de 2016, hallado en el registro de su vivienda, en el que Cerdán adquiría casi la mitad de participaciones de Servinabar, una empresa navarra beneficiaria de adjudicaciones.
En esta escritura, fechada el 1 de junio de 2016, Alonso transfería a Santos Cerdán 1.350 de las 3.000 participaciones sociales de Servinabar, que aparece en el último informe de la UCO como la «vía de canalización de los beneficios y como escalón intermedio que permitiese desvincular a Koldo de Acciona». La empresa asegura que Cerdán «no ha sido nunca, ni es socio de Servinabar».
Cerdán reconoció al juez que firmó el polémico documento, si bien defendió que nunca se elevó a escritura pública y que no llegó a pagar para formar parte de la empresa.
Dijo que lo firmó en un momento -2016- en el que pensó en abandonar la política y el empresario Antxon Alonso, con quien tenía amistad, le comentó que estaba constituyendo una empresa de ‘vending’ y seguridad, y le ofreció entrar. Sin embargo, cuando habló con su mujer, ella le pidió que no dejase la vida pública, de modo que pidió a su amigo que rompiese el documento.
Cerdán y Alonso compartieron piso en Madrid el primer año que el ex dirigente socialista residió en la capital, donde ahora sigue de alquiler por 2.400 euros al mes.
El empresario que fue despedido de Acciona citado ante el juez
De Merino, despedido por pérdida de confianza de sus superiores con causas objetivas en 2021, dice la UCO que «su participación en los hechos guarda relación con la posible influencia ejercida sobre Koldo García con la finalidad de procurar la adjudicación presuntamente irregular de obra pública en favor de dicha sociedad».
Y añade que «el análisis de los dispositivos informáticos intervenidos a Koldo resulta expresivo de que en diversas ocasiones Merino habría señalado obras que resultarían de interés para Acciona, lo que habría generado posteriormente contraprestaciones».
La empresa, por su parte, sostiene que no hubo irregularidad en la adjudicación de proyectos como el puente del Centenario de Sevilla y los túneles de Belate en Navarra, dos de las cinco obras que señala el informe de la UCO.
Es más, defiende que logró buena puntuación económica y técnica, que se siguió la Ley de Contratos, que ningún competidor impugnó y que hubo una mesa de contratación que hace pensar que cualquier irregularidad «es absolutamente remota».
Puente ordenó investigar sus cuentas y la de sus empresas
El juez ordenó a la UCO que investigue las cuentas bancarias de estos dos empresarios, así como de los administradores de Levantina Ingeniería y Construcción (José Ruz) y Obras Públicas y Regadíos (los hermanos Daniel y Antonio Fernández), que declararon el pasado viernes en el Supremo, también como investigados.
Y también pidió investigar las cuentas de las empresas en cuyo beneficio podrían haber actuado, les citó como personas que, «en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio». El juez les incorporó porque su conducta «aparecería también indisociablemente unida» a la de Santos Cerdán. EFE
rma/ie
