Lima, 19 ago (EFE).- A Harvey Colchado, el coronel de la Policía peruana especializado en investigar la corrupción en las altas esferas del poder, y al que el Gobierno sacó después de dirigir el operativo que tumbó la puerta de la casa de la presidenta Dina Boluarte, no le tiembla el pulso al denunciar corrupción dentro del cuerpo policial.
Su incómoda voz para muchos ha provocado que haya pasado de protagonizar históricos operativos contra presidentes, corrupción y terrorismo, a un retiro forzoso que intenta revertir en tribunales.
“No hay meritocracia en los líderes que comandan actualmente la institución policial”, dice el mediático policía y abogado a EFE desde su oficina, ubicada en una bulliciosa calle del centro de Lima.
Pese apuntar a la corrupción como el gran problema del cuerpo, Colchado (1974) desea volver a ser un policía más. Fue pasado al retiro en diciembre de 2024 bajo el pretexto de que no existe la posibilidad de asignarle un cargo específico en razón de su antigüedad, especialidad funcional o perfil profesional.
Su retiro lo calificó en su momento como «arbitrario e ilegal» y como una «venganza orquestada» por el Ejecutivo, por lo que apeló la medida en cuanto se hizo pública.
En su oficina explica con detalle que, para volver a la Policía puso una demanda por una sanción recibida y, cuando culmine ese juicio, comenzará su batalla legal para volver a ser policía activo.
«El Poder Judicial es lento y estamos detrás de que se me haga justicia», dice al reconocer que por lo pronto tendrá que esperar unos dos años antes de que esto pueda ocurrir.
La causa de la sanción es, según dice riendo, «una broma de mal gusto», a raíz de una foto en la que posaba con una torta de cumpleaños donde se representaba un allanamiento, lo que fue interpretado como una recreación de la irrupción a la casa de Boluarte.
Allanar el domicilio de la presidenta por el conocido como ‘Rolexgate’ cuando era el jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) le costó su cargo de manera temporal y confirmó que no era una figura querida por el Ejecutivo. Buscaba los relojes de lujo que la mandataria presuntamente recibió de regalo y que podrían constituir un soborno.
Larga trayectoria
Colchado empezó su carrera en divisiones contra el terrorismo, y fue parte desde su fundación de la Diviac, unidad que ha participado desde 2016 en sonados casos contra la criminalidad organizada que involucran a altos funcionarios, políticos, mandatarios y excandidatos presidenciales.
Participó en investigaciones contra los expresidentes Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por presuntos sobornos y lavado de dinero en el caso Odebrecht.
Fue parte del grupo policial que iba a detener en 2019 al exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011) cuando este se suicidó antes de su arresto, y en diciembre de 2022 estuvo en la detención del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) tras su fallido «autogolpe» de Estado.
Comenzó a ser popular cuando se enfrentó públicamente a una comisión parlamentaria, controlada por fujimoristas y apristas, que buscaba culpar a la Policía del suicidio de García.
Colchado recuerda con nostalgia los días en los que buscaba sin descanso en el corazón de la selva peruana a los últimos miembros de la organización subversiva Sendero Luminoso.
De hecho, ha dedicado parte de estos meses de retiro a escribir ‘Artemio, la cacería del último cabecilla de Sendero Luminoso’ (Editorial Aguilar)’, que cuenta los entresijos de la captura del líder senderista del Alto Huallaga en 2012, una idea que llevaba años cultivando al considerar que se trata de una historia que merece ser contada para inspirar a los jóvenes policías.
Corrupción latente
“La corrupción lamentablemente es la madre del cordero», sentencia Colchado para hablar de la corrupción dentro de la institución policial, especialmente en los altos rangos, que según el coronel impide que la delincuencia y el crimen sean combatidos con eficacia.
Por ejemplo, según investigaciones que realizaron en la Diviac, varios coroneles pagaron entre 25.000 a 30.000 dólares para ser ascendidos a generales al inicio del mandato presidencial de Castillo.
«Cuatro de ellos han pagado ese monto y uno de ellos ha aceptado su responsabilidad y ha servido para poder acreditar. Falta poder acreditar un promedio de 12 más, aproximadamente», indica.
«Estamos hablando que un 30 % de generales ha pagado para ascender. Entonces, esos que han pagado para ascender y no merecen ser generales, cuando le das el gasto para inteligencia, es para su bolsillo», agrega.
De esa forma expresó que esa inversión del Estado no llega a los agentes para utilizar en operaciones especiales y aplicar técnicas contra el crimen que está deseando volver a realizar.
Paula Bayarte
