Madrid, 3 jul (EFE).- El Defensor del Pueblo ha requerido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a todas las comunidades autónomas, a las dos ciudades autónomas y a los diez ayuntamientos más poblados de España información sobre los planes de políticas públicas que están adoptando en materia de vivienda.
Ángel Gabilondo ha iniciado una treintena de actuaciones de oficio: ha solicitado información a los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma De Mallorca, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria, además de al Ministerio de Vivienda, todas las autonomías y Ceuta y Melilla.
Su objetivo es conocer las políticas públicas que están llevando a cabo para garantizar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna y adecuada.
Y por eso les ha reclamado datos sobre las medidas que hayan adoptado, o tengan previsto hacerlo, para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible incentivada y para incrementar el parque público de vivienda.
En concreto, les ha pedido información sobre el número de viviendas protegidas y asequibles incentivadas que existen en su territorio, y el número de personas en espera de adjudicación de una vivienda sujeta a un régimen de protección pública o asequible incentivada.
También les ha preguntado sobre cómo piensan incrementar el parque de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública y de vivienda asequible incentivada, y si existen áreas de mercado residencial tensionado y si se van a aplicar las medidas previstas al respecto en la Ley por el Derecho a la Vivienda.
Otra de las cuestiones por las que se ha interesado es por las medidas previstas para regular, y en su caso limitar, las viviendas destinadas a alquiler turístico, y las iniciativas con las que cuentan para ayudar al pago de los alquileres.
Al Ministerio de Vivienda le ha instado a que le informe sobre el contenido del próximo plan estatal en esta materia, también sobre los avances que se han producido en cuanto a la constitución de la empresa pública de vivienda anunciada, y en los planes y programas para la construcción.
El Defensor recuerda que el acceso a una vivienda en condiciones asequibles constituye, además de una necesidad básica de las personas, un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución y los poderes públicos deben hacerlo «realidad, promoviendo las condiciones necesarias y estableciendo las normas pertinentes para hacerlo efectivo».
Las dificultades para acceder a la vivienda llevan tiempo siendo objeto de especial consideración para el Defensor, como lo ha ido reflejando en sus últimos informes anuales: “Es un problema grave debido a los altos precios. Se observan retrasos considerables en la gestión de ayudas, como el bono de alquiler joven, y largas esperas en la adjudicación de vivienda de protección pública».
Por eso, entiende que es necesario aumentar de forma significativa la oferta de vivienda, especialmente las de carácter protegido, que «deben sujetarse a un régimen de protección permanente, y gestionar las ayudas al alquiler de manera ágil».
El Defensor advierte de que se necesitan más viviendas protegidas porque España destaca negativamente en el entorno europeo por su escaso parque de vivienda social, que solo representaba el 3,3 % respecto del conjunto de los hogares o viviendas principales, según los datos de 2024 del Observatorio de Vivienda y Suelo.
En Países Bajos representa el 30 % y en Francia 17 %, y la media europea es del 10 %.
