Cúcuta (Colombia), 30 ago (EFE).- La vida de Carmen Cecilia Torres, a sus 68 años, se teje con hilos de dolor y un anhelo único: reencontrarse con su hijo Sergio Abril Torres, desaparecido hace 16 años en las trochas fronterizas entre la ciudad colombiana de Cúcuta y el estado venezolano de Táchira.
Su ausencia es un vacío que Carmen intenta llenar cada día. «Preparo dos desayunos y dos almuerzos, esperando su regreso», dice a EFE con voz llorosa.
Por eso este sábado, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, es para Carmen y miles de familias colombianas un grito para reclamar justicia y verdad. Es un día donde la memoria se alza con fuerza contra el olvido.
En Cúcuta, un centenar de fotografías de rostros buscados iluminaron una marcha convocada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), junto a familias, organizaciones sociales y entidades que trabajan para encontrar a seres queridos en Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela donde el conflicto armado se ha sentido con crueldad.
Las principales calles de Cúcuta, la capital departamental, se convirtieron este sábado en una galería de la ausencia, donde las imágenes de hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, fueron sostenidas por las manos de quienes no cesan en su búsqueda.
Rosa Reyes, con la fotografía de su hijo Jhaylander Raúl Arévalo Reyes, desaparecido en Cúcuta en 2022 tras cruzar la frontera para ir a comprar unos materiales para su vivienda, compartió su angustia con EFE: «Es como si la tierra se lo hubiera tragado, no sé nada de él», dijo la mujer.
Rostros vivos en la memoria
Cada imagen es una historia, un instante congelado en el tiempo de un ser querido que ya no está. El sonido característico de esta marcha no era solo el de los pasos al unísono, sino gritos como «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!» o «Por nuestros familiares desaparecidos, ni un minutos de silencio».
«No podemos permitir que el tiempo borre su rostro», clamó otra madre, aferrada a la imagen de su hijo.
En el contexto de esta cruda realidad vuelve a la memoria el pasado oscuro del caserío de Juan Frío, en el municipio de Villa del Rosario, al lado de Cúcuta, donde hace más de dos décadas, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) establecieron un centro de operaciones.
En hornos crematorios improvisados, los paramilitares quemaron y desaparecieron a centenares de víctimas, intentando borrar cualquier rastro de sus crímenes.
Se calcula que solo en esos hornos fueron incineradas unas 500 personas por los paramilitares del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las AUC, bajo el mando de Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, quien años después se acogió a la Ley de Justicia y Paz que en 2006 condujo a la desmovilización de ese grupo.
Las desapariciones siguen
Sonia Rodríguez Torrente, coordinadora de la UBPD en Norte de Santander, dijo a EFE que hay alrededor de 5.793 personas desaparecidas en este departamento.
«Esta es una entidad del Estado, de carácter humanitario y extrajudicial, que busca a las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016», fecha en la que entró en vigor el acuerdo de paz firmado en noviembre de ese año con la guerrilla de las FARC.
Según Rodríguez, la UBPD «tiene una tarea humanitaria que intenta desarrollar de la mejor manera en un territorio con las complejidades que tiene Norte de Santander», donde operan todos los grupos del conflicto armado colombiano.
En cuanto a las intervenciones realizadas en el cementerio de Cúcuta, la funcionaria de la Unidad de Búsqueda señaló: «los equipos forenses han revisado más de 12.000 estructuras óseas y en este proceso, 670 podrían corresponder a nuestro mandato, al estar asociadas al conflicto armado».
Las desapariciones no terminaron con la firma del acuerdo de paz y por eso el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) instó ayer al Estado colombiano a crear una alternativa humanitaria para atender a las 2.144 personas, en su mayoría civiles, que han desaparecido después de la firma del acuerdo de 2016 con las FARC.
Entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de julio de 2025, el CICR documentó que sólo 764 de esos casos han tenido respuesta: 574 personas fueron halladas con vida y se reencontraron con sus familias, y 190 fallecieron y sus cuerpos fueron recuperados e identificados, pero 1.380 casos permanecen sin resolver.
Geraldine García
