San José, 2 sep (EFE).- El Ejército nicaragüense, que según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, «participó activamente en la represión de las manifestaciones» que estallaron en 2018 y «cometió ejecuciones extrajudiciales» para «neutralizar» el descontento social, es un «brazo represor de la dictadura» de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció este martes la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua.
«Este 2 de septiembre, mientras el régimen de Nicaragua celebra el 46 aniversario de la fundación del Ejército, el Colectivo alza la voz para denunciar el papel que esta institución ha desempeñado como uno de los principales brazos represores de la dictadura de Ortega y Murillo y responsables de la persecución, tortura y muerte de decenas de nicaragüenses», señaló esa ONG en una declaración.
«Lejos de ser una fuerza dedicada a la defensa nacional y la protección del pueblo, el Ejército ha sido cómplice confeso y actor directo de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad», continuó ese Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en Costa Rica.
Esa ONG citó el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que concluyó que el Ejército «participó activamente en la represión de las manifestaciones pacíficas que estallaron en abril de 2018, cometiendo ejecuciones extrajudiciales y utilizando tácticas militares diseñadas para matar».
Las Fuerzas Armadas, dirigidas desde 2010 por el exguerrillero Julio César Avilés, proporcionó armamento a la Policía y a grupos armados progubernamentales, llevó a cabo operaciones de inteligencia, y entrenó a personal civil, incluidos sandinistas, jóvenes marginados y funcionarios públicos, para reprimir las manifestaciones, según ese informe.
«Estas acciones, lejos de ser aisladas, fueron parte de una estrategia sistemática y deliberada para aplastar las protestas cívicas y perpetuar el poder de los dictadores Ortega y Murillo», apuntó esa ONG, para quien «la implicación del Ejército en estas atrocidades no fue pasiva ni limitada: fue activa, organizada y letal».
«La facilitación de armas reservadas para uso militar, la coordinación con cuerpos policiales y paraestatales, y la ejecución de operaciones de inteligencia para neutralizar a manifestantes, constituyen crímenes que no pueden ni deben quedar impunes», anotó ese colectivo.
Un «régimen que tiene las manos llenas de sangre»
Asimismo, esa ONG criticó que Avilés haya tomado posesión de un nuevo período como jefe del Ejército por cuarto período consecutivo, «acompañado de una cúpula de más de 20 generales que también tienen más de 10 años en función, replicando el mismo patrón de los dictadores de atornillarse en sus cargos».
«En este vergonzoso aniversario de esta institución represora y delictiva, debemos recordar a las 355 víctimas mortales de los ataques a tiros de policías, grupos paraestatales y soldados del Ejército en todo el país, a los miles de heridos, detenidos y exiliados, y a una sociedad que aún clama por justicia, verdad y reparación», prosiguió esa ONG.
El colectivo exigió el desmantelamiento de las «estructuras represivas del Estado», el cese de la impunidad, y la rendición de cuentas ante la justicia de quienes han «traicionado» en Nicaragua su juramento de servir y proteger al pueblo.
«El Ejército de Nicaragua, tal como ha operado en los últimos años, no representa la soberanía ni la dignidad nacional. Representa la represión, el abuso, el miedo, la violencia, la muerte y la subordinación a un régimen que tiene las manos llenas de la sangre de nicaragüenses» concluyó la ONG.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».
