Madrid, 31 may (EFE).- La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón envió el pasado jueves a prisión a Francisco Martínez, ex número 2 de Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, al considerar que desempeñó un “rol central” en la red de ciberataques que presuntamente lideraba el hacker José Luis Huertas, ‘Alcasec’.
“Su función abarcaría el diseño y la operación del blindaje legal, patrimonial e institucional que permitiría a los miembros técnicos del grupo, en especial a José Luis Huertas, operar con continuidad, anonimato y una legitimidad aparente”, gracias a la asesoría de Martínez, abogado en ejercicio y que asistió a ‘Alcasec’ en su primera detención en 2021 cuando era menor de edad, según los autos de prisión a los que ha tenido acceso EFE.
“Su perfil profesional, que combina conocimientos jurídicos, vínculos institucionales y experiencia política, debido a los cargos de dicha naturaleza desempeñados por él en el pasado, lleva a inferir, a tenor del resultado de las investigaciones -continúa la juez-, que es él quien brindaría cobertura legal a una estructura ilícita altamente tecnificada, liderando también las acciones de blanqueo de imagen y legitimación pública”.
Las consultas de Martínez eran con fines personales o profesionales
Según los autos, las consultas realizadas por Martínez “tienden a satisfacer sus propias necesidades de información, lo que evidencia su utilización consciente de los recursos ilícitos de la organización para fines personales o profesionales”.
Martínez habría realizado incursiones, gracias a las herramientas implementadas por Huertas, a bases de datos obtenidas ilícitamente (como las de la DGT o CNMC).
Este acceso, otorgado por Huertas, añaden los autos, “revela no solo una relación de confianza operativa, sino también un conocimiento concreto por parte del investigado de las actividades ilegales del grupo”.
La investigación parte de una denuncia de la CNMC
La investigación de estos hechos partió de una denuncia por el acceso a los servicios informáticos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la exfiltración masiva de datos personales correspondientes a titulares de líneas de telefonía móvil.
La investigación ha evidenciado “una red compleja que integra estructuras empresariales, conexiones personales e institucionales, y profesionales que garantizan la continuidad y expansión del entramado criminal”.
Uno de los elementos clave de este entramado es su “capacidad para almacenar, organizar y cruzar grandes volúmenes de datos”, mediante la utilización de plataformas tecnológicas especializadas en el análisis masivo de información, previamente usurpados mediante ciberataques e intrusiones informáticas reiteradas durante años a organismos públicos y privados.
Perfiles detallados de personas e instituciones para su comercialización
“A partir de esta acumulación progresiva, la organización ha construido perfiles detallados de personas e instituciones, con el objetivo de maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información sensible”, siempre según las resoluciones de la jueza, que mantiene el secreto de la causa.
Este grupo -añade la jueza- “ha evolucionado desde un esquema tradicional de ciberdelincuencia hacia una red de inteligencia criminal privada y transnacional, con capacidad de intervención en sectores estratégicos y con objetivos que trascienden el mero beneficio económico y adquiere una dimensión de control y explotación masiva de información sensible”.
La organización investigada ha desarrollado una infraestructura tecnológica sofisticada y altamente compartimentada, bajo la gestión y supervisión de ‘Alcasec’, sostiene.
El núcleo tecnólogico: un servidor en Zúrich (Suiza)
El núcleo tecnológico está constituido por un servidor ubicado en Suiza, con sede en Zúrich, contratado mediante criptomonedas y correos electrónicos temporales anonimizados para garantizar el anonimato y dificultar la identificación de los responsables.
La administración remota del servidor se realiza desde múltiples ubicaciones, entre ellas el domicilio de Huertas, la sede social de la empresa Horus y locales comerciales vinculados a sus actividades, “lo que evidencia un esquema descentralizado y compartimentado”.
Martínez y ‘Alcasec’ ingresaron en prisión provisional el pasado jueves tras ser detenidos dos días antes en la llamada operación Borraska junto a otra persona, Adrián M., que también fue a prisión, y un cuarto detenido en Andorra, el ‘youtuber’ Álvaro Martín, respecto al que la Fiscalía ha pedido a la juez que reclame su extradición.
En su declaración ante Tardón, Martínez aseguró que no se ha enriquecido con los datos con los que presuntamente comercializaba el hacker, y que solo intentó ayudarle, primero como abogado y luego como referente, a entrar en entornos profesionales o a crear dos sociedades, de las que ha asegurado que desconocía su evolución.
Según dijo, Huertas estaba al parecer desarrollando un buscador que organiza con inteligencia artificial la información y datos de fuentes abiertas en internet y, en el marco del asesoramiento legal que aseguró que le presta, le facilitó el acceso a ese buscador para que lo probase.
En esas búsquedas, según su versión, no vio nada anormal porque todo eran datos que se pueden obtener en cualquier buscador comercial mercantil de pago.
El ex secretario de Estado de Seguridad entre 2011 y 2016 se encuentra pendiente de juicio por el caso Kitchen de presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en 2013, en el que se enfrentará a una petición del fiscal de 15 años de cárcel, y está imputado en la causa en la que se investiga un presunto espionaje a miembros de Podemos, si bien hasta ahora no se había decretado su ingreso en prisión provisional en ninguna de estas causas.
