Madrid, 8 sep (EFE).- El excomisario José Manuel Villarejo ha vuelto este lunes a sentarse ante un tribunal en su cuarto juicio en la Audiencia Nacional, en el que ha cuestionado una vez más una investigación «general» sobre su vida que considera orquestada por el CNI y su exdirector Félix Sanz Roldán, a través de la Fiscalía.
Un argumento que ya ha esgrimido la defensa de Villarejo en otras de sus citas judiciales y que ha vuelto a poner de manifiesto en el inicio de un nuevo juicio, el del denominado Proyecto Saving, que se remonta a 2011.
Durante estos días, el tribunal debe dirimir si Villarejo incurrió en delitos como cohecho y revelación de secretos al acceder, presuntamente y a cambio de medio millón de euros, a tráficos de llamadas de terceros mientras estaba en la Policía, por encargo de un empresario del grupo Persán que mantenía un conflicto con el expropietario de la constructora Martinsa-Fadesa.
Por estos hechos, por los que Villarejo se enfrenta a una petición de 23 años y medio de cárcel, y el abogado y asesor Rafael Redondo a 18 años y nueve meses, también estuvo investigado el exsenador socialista Francisco Rodríguez Martínez, si bien el caso se acabó archivando para él.
Pendiente del delito de cohecho
Villarejo, que declarará al final del juicio, está en libertad ya que ninguna de sus condenas es firme, y se encuentra a la espera de que la Sala de Apelación resuelva sobre la primera de ellas: la que le condenó a 19 años de cárcel por varios delitos, pero le absolvió de cohecho, clave para la Fiscalía.
Sentado a la derecha de su defensa, durante esta primera jornada de juicio Villarejo ha presenciado cómo su abogado, José Antonio Cabrera, ha calificado de «general» y «prospectiva» una causa que considera que ha vulnerado sus derechos por rastrear su vida.
Una vez más, ha vuelto a cuestionar que la investigación se iniciase tras una denuncia anónima, ha pedido que se les permita probar qué «estatus» tenía Villarejo en la Policía y ha cuestionado, junto a la defensa de Redondo, la «acusación sorpresiva» del delito de falsedad que dirige la Fiscalía.
La respuesta del fiscal ha sido tajante: la investigación a Villarejo siempre se ha ajustado a las reglas y ha estado amparada por «sólidos indicios de delito».
Algunos de ellos son, según ha citado, las cuentas bancarias o sociedades que se encontraron a Villarejo, algunas en países como Uruguay o Panamá, y cómo el excomisario ofrecía en Internet sus servicios de investigación, con el valor añadido de su «especial vinculación» con policías, mientras estaba en activo.
El excomisario quiere que testifiquen en este nuevo juicio desde el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, hasta fiscales como Manuel Moix o Ignacio Stampa -el primero que comenzó a investigarle-, o ex altos cargos de Interior como José Antonio Nieto o Francisco Martínez.
Citaciones a las que se ha opuesto el fiscal al considerar que nada pueden aportar, mientras que ha accedido a que declaren el exjefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí o el ex número dos de la Policía Eugenio Pino.
