Leganés (Madrid), 3 jun (EFE).- El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero ha afirmado que los protocolos que impidieron la derivación de ancianos en residencias a hospitales durante la primera ola de la pandemia tuvieron «un carácter discriminatorio» en función del lugar de residencia, del nivel de capacidad y de dependencia.
En declaraciones a los medios tras comparecer como testigo en la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés (Madrid) por la gestión de las residencias por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Reyero ha subrayado que corresponde a la justicia determinar si hubo delito con las instrucciones para no derivar a pacientes a hospitales de la región, si bien ha remarcado que tienen un «componente discriminatorio claro».
El exconsejero ha sido recibido entre aplausos por familiares de los fallecidos en las residencias durante la pandemia que estaban concentrados a las puertas del juzgado, donde también han acudido a declarar como testigos el exasesor sanitario del Gobierno madrileño Antonio Burgueño, y el director de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, en la segunda causa judicial abierta por la gestión de las residencias en la primera ola de la pandemia.
En este procedimiento judicial han sido imputados Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ya investigados en una primera causa, así como el entonces director del Summa 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.
Reyero ha recordado que es la cuarta vez que comparece como testigo en los juzgados por esta cuestión, aunque es la primera vez que declara por la nueva vía que se ha abierto, por un presunto delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria.
Ha confirmado la existencia de los protocolos de los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020, que fueron firmados por el director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, fundamentalmente dirigidos a los hospitales y sobre los que se pedía que se informara a la Consejería de Políticas Sociales, así como a las propias residencias.
En estos protocolos dirigidos al ámbito sanitario se establecía además un sistema de geriatras de enlace, que hasta ese momento no había existido, ha detallado.
También ha negado que se medicalizaran las residencias en esas fechas y que se derivara a residentes al hospital de campaña de Ifema.
Reyero ha apuntado que el 21 de marzo de 2020 se dirigió al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a Carlos Mur, para decirles que si esos protocolos se aplicaban los mayores que vivían en las residencias morirían «de forma indigna».
Derivaciones a hospitales privados
Este martes también ha comparecido en este Juzgado como testigo el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, de cuya declaración se desprende que «no existieron derivaciones directas desde las residencias a los hospitales privados que estaban bajo su control».
«Las derivaciones que hubo de residentes se hicieron desde hospitales públicos. No se utilizaron los recursos de los hospitales privados que estaban en manos de la Consejería de Sanidad gracias al mando único que se estableció en la pandemia, para atender a las personas mayores que estaban en las residencias», ha indicado Castillo.
En un comunicado, HM Hospitales ha señalado que «carecía de capacidad de decisión sobre la derivación» y su labor se centraba exclusivamente en proporcionar recursos y capacidades a los profesionales sanitarios para atender a aquellas personas enfermas que acudían a sus hospitales, con independencia de que fueran remitidas desde el sistema público o no.
El Grupo recibía a los pacientes de la sanidad pública que se le remitían desde las urgencias de los hospitales públicos y sin que tuvieran constancia o instrucción de que hubiera ningún tipo de filtro o restricción para la atención.
También ha comparecido como testigo el exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid Antonio Burgueño, quien ha declarado que el 11 de marzo de 2020 mantuvo una reunión con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y los consejeros de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty y de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la que él planteó que debía haber un mando único sanitario y él fue nominado para ese puesto, aunque no llegó a ser nombrado formalmente.
En ese momento, la Fiscalía ha pedido la suspensión de su declaración en calidad de testigo, ante la posibilidad de ser citado en el futuro en calidad de investigado, según el abogado de las asociaciones de familiares de víctimas de residencias.
