València, 22 abr (EFE).- El ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ante la jueza que instruye la causa sobre la dana que la decisión de enviar un mensaje de alerta a la población se tomó a las 19:15 del 29 de octubre, si bien finalmente no se envió hasta las 20:11.
En su declaración como investigado, Argüeso atribuyó esa demora a la necesidad de redactar el mensaje correcto y al proceso para su validación.
La transcripción de la declaración de Argüeso, a la que ha tenido acceso EFE, recoge que el ex secretario autonómico contó a la jueza que Jorge Suárez, actual subdirector general de Emergencias, fue el primero en plantear la emisión de una alarma, pero no por el barranco del Poyo, sino ante la posibilidad de que colapsara la presa de Forata.
También declaró que el riesgo de rotura de la presa de Forata se les comunicó cuando empezó el Cecopi y según las estimaciones de los técnicos “podrían haber 20.000 fallecidos si eso ocurría”.
Añadió que “hubo un debate” del jefe del Consorcio de Bomberos y otro técnico, sobre la conveniencia de enviarlo o no porque “podía generar incluso más lío”, aunque esa conversación duro poco y al final la exconsellera Salomé Pradas -también imputada- ordenó emitirlo, algo que se decidió sobre las 19:15 cuando el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, cortó el debate.
Argüeso relató ante la jueza en su declaración del 11 de abril que no querían que el contenido del mensaje fuera “excesivamente alarmante y que fuera comprensible, sencillo, fácil de entender”.
Explicó que Suárez “fue con un funcionario que no sabe quien es y redactaron el mensaje y luego había que mecanizarlo y después había que validarlo, hubo que buscar un funcionario para que lo validara y entonces cuando se valido apareció a las 20:15 horas” -realmente el mensaje a través del sistema masivo de envíos es-Alert salió a las 20:11-.
Añadió que el mensaje no era por el barranco del Poyo y que “para Forata podría haber sido valido”.
Argüeso, quien dijo además que no fue consciente de la tragedia hasta la segunda reunión del Cecopi en la mañana del día 30, defendió ante la jueza su gestión de aquellos días.
En concreto, afirmó que le llegaron directamente muchas llamadas de gente pidiendo auxilio y que él las tramitó directamente desde la sala del 112 puesto que su papel en el Cecopi era “nulo” y quería hacer algo, a lo que añadió que “no sabe a cuanta gente salvó gracias a su intervención”.
Dijo también que en su opinión el principal error de aquel día, y que calificó como “negligente”, fue la retirada de los bomberos que vigilaban el cauce del barranco del Poyo “sin comunicárselo a ellos, y así poder articular otras solución”.
Igualmente consideró un error “la falta de información” por la parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), porque “no se puede actuar sin información”, y que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, no acudiera ese día al Cecopi, “porque telemáticamente no eres conocedora de todo lo que ocurre en tiempo real”, a pesar de que se encontraba “a 15 minutos en coche” del lugar.
Argüeso también declaró que el correo de la CHJ de las 18:43 horas alertando de que en la rambla del Poyo llevaba 1.686 metros cúbicos de agua no llegó nunca al Cecopi y que Suárez no informó de esos correos, “no por mala fe”, cree, si no “porque a lo mejor ni lo leyó”. “A nadie del Cecopi le llegó el correo, es posible que no se abriese”, agrega.
Señaló asimismo en su declaración que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, “no es miembro del Cecopi”, por lo que “no fue convocado y su ausencia no supuso un retraso”. “Cuando llegó Mazón no se retrasó la toma de decisiones ni siquiera unos minutos”, agregó.
