Madrid, 25 mar (EFE).- El exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar S.G., creó un “campo de minas” en las bases policiales para proteger la actividad de la organización de narcos con la que colaboraba a cambio de grandes sumas de dinero.
El inspector está investigado por facilitar la entrada de grandes alijos, entre ellos el mayor intervenido hasta la fecha -de 13 toneladas- y que llevó a su detención.,
Así lo plasma la Fiscalía Antidroga en la querella que presentó el pasado mes de junio -seis meses después de empezar a investigar estos hechos- en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que ha mantenido la causa bajo secreto de sumario desde entonces hasta su levantamiento parcial hace unas semanas, la parte a la que ha tenido ahora acceso EFE.
En esa querella, Antidroga advertía de que este inspector jefe de Policía, en cuyo domicilio fueron encontrados 20 millones de euros ocultos en una pared y otro millón más en su despacho, estaba colaborando, o estaba integrado, en una organización dedicada a la introducción de grandes partidas de cocaína y al blanqueo de las ganancias obtenidas.
Su colaboración, exponía la Fiscalía, “se concretaba esencialmente en la realización de consultas en las bases de datos policiales para conocer y descartar la existencia de investigaciones sobre los miembros de la organización”.
Metía datos en las bases y generaba “cruces” entre investigaciones
Para ello, introducía en los sistemas de coordinación policial datos de personas, teléfonos, empresas, vehículos, y, sobre todo, de contenedores a los que supuestamente estaría investigando, “con la única finalidad de generar cruces (que efectivamente se están generado) que le permiten conocer si otras unidades policiales están investigando realmente a los miembros de la organización”.
La Unidad de Asuntos Internos (UAI) ha llegado a detectar un “inusitado número” de contenedores (74) que el inspector jefe introdujo por sí mismo o por funcionarios bajo sus órdenes en las bases de datos amparándose en dos investigaciones reales de su unidad, pero que ninguna relación tenían con sus “protegidos”.
De este modo, aprovechando “la apertura de investigaciones reales totalmente ajenas a su entramado”, según pudieron constatar los investigadores, Óscar S.G. creó “un auténtico ‘campo de minas’ alrededor de las personas y sociedades de las que él y su entorno familiar más cercano reciben fondos” para detectar si estaban siendo investigados por otros grupos policiales.
Para llegar a esta conclusión, la UAI informó a la Fiscalía a través de un oficio “de un dato bastante revelador” sobre el funcionamiento y la utilidad de este auténtico “sistema de protección”.
Dos de los nombres que introdujo, J.A.C. e I.T., también imputados en esta causa, estaban siendo investigados por la Brigada Central de Estupefacientes de la Udyco Central por tráfico de drogas.
Surge así “un cruce entre ambas investigaciones”, que le permitió a conocer que J.A.C. estaba siendo investigado y, de ello, la Asuntos Interno deduce que pudo alertar a sus “protegidos”.
De hecho, ante las vigilancias reales a las que se sometió a uno de ellos, I.T., entre el 22 y 23 de abril de 2024, los agentes encargados detectaron “inusitadas medidas de seguridad” y tuvieron que abandonar los seguimientos para evitar que ser detectados.
Según corroboró después la UAI, el inspector realizó previamente consultas sobre la matrícula de un vehículo de la Dirección General de la Policía y que la Udyco Central confirmó que fue utilizado por la Brigada Central de Estupefacientes en esas vigilancias.
Licencias de VTC, criptomoneda y premios de lotería para enmascarar los ingresos
El inspector, explica la Fiscalía, hacía esta labor a cambio de cuantiosas remuneraciones que, para enmascararlas creó “un complejo sistema de ocultación” a través de empresas, sociedades e incluso de criptoactivos.
En el marco de sus pesquisas, Antidroga pidió información sobre el patrimonio y las cuentas de Óscar S.G. y de su esposa Noelia R.P., también policía e investigada por estos hechos.
Se detectaron varias operaciones de compra: un Range Rover, una plaza de garaje, un chalet en Denia, su vivienda habitual en Villalbilla (Madrid), y el uso de un vehículo propiedad “de sociedades o empresas a las que protegía incluyéndolas en las bases de datos policiales”.
También han sido analizados distintos pagos al matrimonio por un total de 103.839,30 euros procedentes de las empresas Incazam Gestión y Som Autos Ocampo, vinculadas con implicados en operaciones de introducción de cocaína.
Esos ingresos se enmascaraban como rendimientos de inversiones en esas sociedades: compras de licencias de VTC y percepción de ingresos derivados de esa actividad.
En 2021 los ingresos del matrimonio se dispararon. Ese año adquirieron el chalet de Denia, coincidente con la aprehensión de un contenedor con 1,6 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras -donde se intervino el alijo de 13 toneladas-, cuya numeración fue introducida en las bases por la sección dirigida entonces por Óscar S.G.
Ello evidencia, dice la UAI, que “necesariamente los implicados tuvieron que recibir información de la investigación policial auténtica en curso, aunque entonces se desconocía esta trama” y debió ser lo que motivó la desaparición del destinatario del contenedor y que se archivase la causa abierta en los Juzgados de Algeciras por falta de autor conocido.
