Madrid, 9 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado un auto de busca y captura para el expresidente de Cepsa -hoy Moeve- Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, investigado por blanqueo de capitales y delitos contra Hacienda en la venta de la Torre Foster, conocida como Torre Cepsa por albergar la sede de la compañía.
En un auto fechado este lunes y al que ha tenido acceso EFE, el juez explica que el proceso de compraventa de la torre, que en 2016 le reportó a Al Qubaisi un beneficio de 100 millones de euros, constituye un delito de blanqueo y de evasión fiscal.
Por ello, insta a la Fiscalía a que presente una demanda de decomiso para que sea el Estado español el destinatario final de los más de 34 millones bloqueados a Muscari, grupo societario vinculado con Al Qubaisi, así como de una serie de inmuebles en las ciudades malagueñas de Marbella y Estepona y en Madrid y de diversas obras de arte.
El edificio, situado en la zona financiera de Madrid y que en su día perteneció a Bankia, fue vendido a Muscari, y posteriormente se revendió a Pontegadea, vehículo de inversión del dueño de Zara, Amancio Ortega, por unos 490 millones de euros.
El juez considera que Al Qubaisi empleó una serie de sociedades instrumentales creadas expresamente para el blanqueo de capitales fruto de negocios jurídicos delictivos llevados a cabo fuera de España, y eludió las obligaciones con el fisco español procedentes de las ganancias obtenidas en el país con dichos fondos ilícitos.
En concreto, el juez ve delito de blanqueo en el pago de la prima para la opción de compra, acompañada del pago de la fianza para el arrendamiento objeto del contrato que realizó Al Qubaisi; y delito contra Hacienda al aparecer como beneficiario de las ganancias, que fueron de unos 100 millones de euros.
En su auto, Calama señala que «mediante la utilización de una ingeniería jurídico-societaria adherida a la actividad de ciertos intermediarios en determinados ámbitos de nuestra economía, Al Qubaisi contribuyó a oscurecer las relaciones negociales auténticas entre las diversas personas jurídicas y físicas contempladas en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal».
Las sociedades sobre las que inicialmente se dirigieron las denuncias eran «meramente instrumentales», ya que su único fin era «colocar fondos desvinculándolos de su origen ilícito», añade el juez.
Para justificar la petición de decomiso de los bienes de Al Qubaisi en España, Calama se acoge a una directiva europea que permite privar al titular de unos bienes de los mismos aunque no pueda ser juzgado, si se demuestra que los bienes proceden de actividades delictivas.
No cabe admitir que «estructuras societarias de naturaleza fiduciaria creadas a través del departamento de ingeniería financiera de la banca Edmond Rothschild sean las destinatarias de tales bienes», ya que el propietario real de las mismas «no es otro que Al Qubaisi», sobre el que recaen «importantes indicios de criminalidad de estafa internacional, blanqueo de capitales y delito fiscal».
La orden de busca y captura, que de momento se limita al territorio nacional, a la espera de recabar la opinión de la Fiscalía, incluye también a Naser Almur Alzaabi, un mero testaferro «de última hora» del entramado societairo de Al Qubaisi con el que este pretendió eludir el bloqueo decretado sobre su patrimonio.
El juez lamenta que «ha brillado por su ausencia» la colaboración de las autoridades de los Emiratos Árabes, donde al parecer se encuentra Al Qubaisi, ya que los requerimientos de la justicia española se han topado con «un muro de silencio».
