Lima, 13 mar (EFE).- El expresidente peruano Pedro Castillo se encuentra estable y ya retornó a la prisión de Lima de la que fue trasladado este jueves hacia un centro médico, tras presentar una deshidratación leve luego de haberse declarado en huelga de hambre, informaron fuentes oficiales.
“El interno Pedro Castillo, tras evaluación médica, retornó al establecimiento penitenciario de Barbadillo en condición estable”, señaló el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en un breve mensaje publicado en la red social X.
Castillo, que está en prisión desde el 7 diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Congreso tras un intento de golpe de Estado, fue trasladado a un hospital de Lima por un cuadro de deshidratación leve, según se informó este jueves en la audiencia del juicio en el que se le acusa de rebelión.
El exgobernante anunció el lunes que comenzaría la huelga de hambre en protesta por el inicio del juicio en el que se le acusa de rebelión, abuso de autoridad y grave afectación de la tranquilidad pública, que niega haber cometido.
Tras conocerse su estado de salud, el tribunal que lo procesa decidió continuar con la audiencia prevista para este jueves, ya que el exmandatario ha manifestado su renuencia a participar en el juicio, en el que es representado por un abogado público.
En ese sentido, la defensa pública de Castillo presentó un recurso de reposición (impugnación de providencia judicial) a su favor, pero la sala también lo rechazó y continuó con la audiencia.
Durante la audiencia, el exjefe del Estado Mayor de la Policía Nacional de Perú (PNP) Vicente Álvarez declaró que escuchó como Castillo le transmitía telefónicamente al entonces comandante general de la Policía Raúl Alfaro la orden de detener a la fiscal general y el cierre del Congreso, minutos después de la transmisión del mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022.
Mientras que Álvarez declaró como testigo, también fue interrogado el ex jefe de la Región Policial Lima Manuel Elías Lozada, al que el Ministerio Público señala como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado.
Lozada dijo que el 7 de diciembre rechazó un pedido que se le hizo para que se abran las rejas del Palacio de Gobierno y que también ordenó por radio a los agentes policiales que no restringieran la entrada y salida de congresistas del Palacio Legislativo.
La Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión para Castillo, a quien acusa de rebelión por haber anunciado el cierre del Congreso y la intervención del sistema judicial, además de la conformación de un Ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.
