Ceuta, 19 jun (EFE).- El exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez ha negado este jueves por videoconferencia que el Ministerio del Interior autorizara o diera una orden para proceder a la devolución de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021.
Así se ha manifestado en la última sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta por un presunto delito de prevaricación continuada y que sienta en el banquillo de los acusados a la exdelegada del Gobierno Salvadora Mateos y la exvicepresidenta del Gobierno ceutí Mabel Deu.
Ambas prestaron a última hora de la tarde de ayer declaración y dejaron claro que su actuación se produjo por indicaciones del Ministerio del Interior, por lo que se aplicó el acuerdo suscrito en el año 2007 entre España y Marruecos para llevar a cabo esta devolución a mediados de agosto de 2021.
Los menores formaban parte de los más de 1.200 que habían accedido a Ceuta por el espigón fronterizo del Tarajal durante los días 17 y 18 de mayo de este mismo año.
En la tercera sesión, donde estaba previsto que se presentaran las conclusiones finales, la Fiscalía solicitó la declaración como testigo de Rafael Pérez, a raíz de los testimonios ofrecidos durante la vista oral, por lo que se han realizado las gestiones para contar con este testimonio.
En videoconferencia, Rafael Pérez ha manifestado que envió a Ceuta una «instrucción, una mera comunicación», pero que nunca era una «orden» para proceder al traslado de los menores.
Ha recordado su participación en los hechos juzgados y que las relaciones entre Marruecos y España «no existían, aunque las autoridades marroquíes manifestaron estar dispuestos a acoger a estos menores».
Indicó que el 10 de agosto de 2021 envió una «comunicación, nunca órdenes ni directrices específicas», a las autoridades de Ceuta para aplicar el acuerdo de cooperación entre ambos países del 2007, «pero no era ninguna orden para incumplir la normativa española».
Rafael Pérez ha manifestado que no dio «indicación alguna para proceder al retorno sin respeto al procedimiento legal, aunque quizás las autoridades de Ceuta entendieron que el acuerdo entre ambos países lo amparaba».
«El Ministerio del Interior mantenía una relación con Marruecos porque formalmente las relaciones con España no eran buenas ni estaban normalizadas, de ahí que hacíamos una labor de interlocución, y Marruecos pidió que se devolviera a los menores», ha confesado.
Aun así ha dejado claro que el retorno de los menores «no es una competencia del Ministerio del Interior, por lo que pienso que si en Ceuta se dio el procedimiento, es que había confianza absoluta de que el tratado entre los dos países tenía valor suficiente».
Estas manifestaciones han motivado que la juez que instruye el caso haya decidido realizar un careo entre una de las acusadas, Mabel Deu, y el propio exsecretario del Estado al entender que ambos mantenían posturas «contradictorias».
Mabel Deu ha indicado que dio luz verde a la repatriación «porque pensamos que el tratado internacional tenía suficiencia jurídica y lo amparaba, teníamos confianza absoluta de que obramos amparados por la legalidad más total».
Por su parte, Rafael Pérez ha insistido en que Interior no dio «ni orden ni directriz» y que se activó el acuerdo «bajo el convencimiento absoluto de la legalidad en la actuación, aunque el Ministerio no dio ninguna indicación al respecto».
