Manila, 16 mar (EFE).- Miles de personas marcharon este domingo por las principales calles de Davao, la segunda ciudad más poblada de Filipinas y donde radica el clan político encabezado por el expresidente Rodrigo Duterte, para mostrar su apoyo al político acusado por la justicia internacional de crímenes contra la humanidad por la guerra contra las drogas que impulsó en el poder.
Una marea de seguidores del exdirigente caminaron por la urbe, ubicada en la sureña isla de Mindanao, en “solidaridad” con el político, detenido el martes y enviado ese mismo día a La Haya, donde el vienes compareció por primera vez ante los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI).
Según datos de la polícía, unas 20.000 personas participaron en la marcha.
Durante un acto al finalizar la protesta, el alcalde de la ciudad, Sebastian Duterte, hijo del expresidente, criticó al actual mandatario del país, Ferdinand Marcos, por la detención “ilegal” de su padre y aseguró que los seguidores de Duterte lucharán para que regrese a Filipinas.
“Aprovecho esta oportunidad para decirle a Marcos lo que siento por él. Presidente Marcos, usted nunca será querido, especialmente por quienes apoyamos a Rodrigo Duterte (…) Nos levantaremos y lucharemos”, gritó el hijo ante la muchedumbre.
En Manila, otro acto en apoyo del exdirigente, concentró a cientos de personas montadas en moto, ante la atenta vigilancia de decenas de policías.
Con Duterte como presidente, entre 2016 y 2022, unas 6.000 personas fueron asesinadas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales según cifras de la Policía, unas estimaciones que oenegés locales elevan a más de 30.000 fallecidos.
El exmandatario fue arrestado el martes en Filipinas, después de que la CPI emitiese una orden secreta por considerarlo responsable del crimen de lesa humanidad de asesinato, al argumentar que hay “motivos razonables” para creer que lideró un escuadrón de la muerte y utilizó su poder presidencial para llevar a cabo asesinatos extrajudiciales.
La CPI inició en 2018 una investigación por las ejecuciones extrajudiciales y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado.
No obstante, el tribunal subrayó en su orden de arresto que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro de la CPI. Por ello, el caso de la Corte abarca desde el 1 de noviembre de 2011 al 16 de marzo de 2019.
Antes de llegar a la presidencia de Filipinas, Duterte fue durante años alcalde de Davao, la segunda ciudad más poblada del país y que se asienta en la sureña isla de Mindanao, donde el político ya impulsó una violenta campaña antinarcóticos.
La audiencia del viernes en La Haya no fue el inicio oficial del juicio, solo una comparecencia para confirmar la identidad de Duterte. La primera sesión, que será para confirmar cargos, tendrá lugar el 23 septiembre, según anunció la CPI.
