Madrid, 5 sep (EFE).- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido este viernes no reducir el problema de los incendios forestales que es «complejísimo», a «la caza del hombre, a la represión penal», tras advertir de «la desolación» y «el dolor» de los fuegos este verano.
«La causalidad de los incendios es un tema muy complejo, complejísimo, al que se enfrentan los países», ha asegurado en el acto de apertura del año judicial.
Es a los especialistas en los diferentes campos a los que incumbe valorar y determinar los riesgos que entrañan la causa directa o indirecta de los fuegos, ha añadido el fiscal general, para quien «se debe evitar el riesgo de criminalización del mundo rural y de determinados colectivos».
«No podemos reducir el complejísimo problema de los incendios forestales a la caza del hombre, a la represión penal». «Como fiscales, pero sobretodo como especialistas dedicados a combatir la delincuencia contra el medioambiente, conocemos el limitado papel que el Derecho penal puede tener en este desgraciado fenómeno de los incendios forestales».
«Llevamos semanas sumidos en la desolación provocada por los incendios y por el dolor de la pérdida de vidas humanas. La conjura de los riesgos que determinan los incendios forestales ha desembocado en una inédita ola de fuegos cuyos rescoldos continúan vivos, tanto en el medio como en la conciencia social y colectiva»
Corresponde al Derecho penal «la persecución de quienes, omitiendo las más elementales normas de cuidado o de manera intencionada, han provocado algunos de estos incendios», ha dicho; «autoría y responsabilidad son palabras inherentes al lenguaje de los fiscales», ha añadido.
«No podemos dejarnos llevar, como sociedad, por la impotencia que en ocasiones genera la incertidumbre de los incendios, la sensación de inseguridad colectiva que proyectan. Hemos de proporcionar prudencia y rigor frente a soluciones simplistas».
Datos sobre incendios en la memoria anual
En la memoria anual de la Fiscalía, correspondiente a 2024 presentada hoy se incluyen datos que desvelan que el 23,6 por ciento de los incendios forestales entre 2020-2024 investigados se debió a causas intencionadas y el 65,59 % a negligencias, por lo que estos últimos «siguen estando detrás de la mayor parte» de esos siniestros.
Solo el año pasado los incendios forestales investigados y que tuvieron causa intencionada, tras ser esclarecidos, fueron el 24,18 por ciento, frente al 50,98 debidos a negligencias; en el ejercicio anterior, 2023, las cifras se situaron en el 19 por ciento y 68 por ciento respectivamente.
El número de incendios el año pasado y de la superficie forestal afectada alcanzó 47.174 hectáreas (ha), mientras que en 2023 ascendió a 89.068 hectáreas, lo que demuestra «una gran variación positiva».
«Tal y como se refleja en el avance informativo de incendios forestales del Ministerio de Transición Ecológica (Miterd) del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, el ejercicio no solo ha sido un buen año en términos de incendios forestales, además mejoró en relación con 2023».
Así, el 2024 finalizó con 6.150 siniestros cuando en 2023 fueron 7.748 incendios. «El dato más significativo en relación con 2024 es el número de grandes incendios forestales (GIF), considerando como tales aquellos que superan las 500 ha, que han disminuido a 17».
«Aun estando esta cifra próxima a la media de los últimos 10 años que se sitúa en 18/20, ha disminuido con respecto a la media de los últimos cinco años, cifras que se encontraban en 22 GIF, pudiendo reseñar una variación de −22,7 % en los grandes incendios forestales».
Como resultado de la intervención policial, fueron detenidas o investigadas 306 personas por incendios ocurridos durante 2024, según los datos.
Se destaca además en el informe de la Fiscalía la obligación que tienen las comunidades autónomas en virtud de la ley de Montes, y no solo los ayuntamientos, de informar de sus planes de prevención de incendios, «una prioridad para esta Fiscalía de Sala».
Dicha ley, tras la reforma introducida en 2022, dispone concretamente que «las comunidades autónomas ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales».
«Los referidos planes, que deberán ser objeto de publicidad previa a su desarrollo, comprenderán la totalidad de las actuaciones a desarrollar y abarcarán la totalidad del territorio de la comunidad autónoma correspondiente”.
Además de los incendios, se incluyen en la memoria otras problemáticas ambientales, por ejemplo contaminación por vertidos de buques al mar y asimismo el retraso de algunas ciudades en la implantación de zonas de bajas emisiones para mejorar la calidad del aire, con una situación en el territorio español «enormemente heterogénea».
El informe advierte de que se pueden encontrar zonas de bajas emisiones (ZBE) en municipios «que no resultan obligados y, por el contrario, un importante número de consistorios incumple la normativa en esta materia».
También se incluyen en el documento datos sobre ataques de perros peligrosos, demoliciones por construcciones ilegales o control de tráfico de especies ilegales. EFE
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