Madrid, 11 sep (EFE).- El fiscal ha mantenido en el juicio su petición de 23 años y medio de prisión para el excomisario José Manuel Villarejo al que acusa de espiar en 2011 al expresidente de Martinsa Fadesa y del Real Madrid, Fernando Martín, a cambio de medio millón de euros que le pagó otro empresario que se sentía estafado por este.
La Audiencia Nacional ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio en el que el fiscal ha atribuido delitos de cohecho, descubrimiento de secretos y falsedad en documento a Villarejo y a Rafael Redondo, que era asesor jurídico del grupo Cenyt -a través del cual el excomisario supuestamente desarrolló su entramado delictivo-, para quien ha pedido 18 años y nueve meses de cárcel.
En su informe el representantes del Ministerio Público ha dicho que en la vista ha quedado acreditado que aprovechándose de su condición de comisario adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional Villarejo llevó a cabo «servicios privados de investigación» en este caso por encargo del que en 2011 era presidente de la empresa Persán, el ya fallecido José Moya.
Ha destacado que así se desprende de las agendas y diarios incautados a Villarejo y de los informes de Cenyt sobre el denominado proyecto Saving realizados por encargo de José Moya y en cuya elaboración intervino Rafael Redondo.
José Moya había adquirido en 2007 acciones de Martinsa Fadesa por un importe superior a cien millones de euros, aproximadamente el 5 por ciento del capital social de la constructora, con un contrato que le permitía recuperar al menos parcialmente la inversión realizada al reservarse la opción de venderlas y que de ser ejercitada habían de ser compradas por Fernando Martín.
Sin embargo, ejercitada por José Moya la opción de venta, no pudo hacerla efectiva al declararse el concurso de acreedores de Martinsa Fadesa en 2008.
José Moya se sintió engañado y sospechó de posibles irregularidades en el proceso del concurso de acredores de Martinsa Fadesa por lo que recurrió a los servicios de Villarejo para intentar recuperar el dinero que había invertido, según ha explicado el fiscal.
Este ha indicado que según se plasma en los informes elaborados por Cenyt los acusados investigaron a las personas intervinientes en el procedimiento concursal de Marinsa Fadesa, como jueces y administradores, para comprobar si Fernando Martín los sobornó para perjudicar a José Moya y no devolverle la deuda.
Ha añadido investigaron el patrimonio en España y en el extranjero de Fernando Martín, al que atribuían una posible ocultación de 200 millones de euros en entidades bancarias de Luxemburgo con uso de testaferros para eludir sus posibles responsabilidades económicas en procedimientos en los que estaba inmerso.
El representante de la Fiscalía ha subrayado que los acusados se apoderaron de forma ilícita del tráfico de llamadas de personas que investigaban y ha añadido que no se limitaron a realizar un trabajo jurídico en el marco del procedimiento concursal como alegan los acusados.
Los abogados defensores han pedido la absolución de ambos acusados al mantener que solo realizaron una actuación jurídica con la que consiguieron que se le reconociera a José Moya un crédito de cien millones de euros por su inversión en Martinsa Fadesa y han considerado que no se ha probado el espionaje.
Alternativamente han reclamado que se aprecie la prescripción de delitos y en caso de condena la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del proceso.
El letrado de Villarejo ha explicado que este realizaba funciones de «agente de inteligencia» cuando se lo encargaban sus mandos policiales, que le permitían seguir con su actividad privada en el grupo Cenyt.
Y ha asegurado que gracias a la labor policial del excomisario no se han cometido muchos atentados terroristas en España.
Este juicio se corresponde con una de las ramas del caso Tándem, protagonizado por Villarejo, que se encuentra en libertad ya que ninguna de las sentencias en las que ha sido condenado en piezas anteriores es firme y está a la espera de que la Sala de Apelación resuelva sobre la primera de ellas, la que le impuso 19 años de prisión por varios delitos pero le absolvió de cohecho.
