Madrid, 24 sep (EFE).- La Fiscalía ha pedido al juez del Tribunal Supremo que investiga al eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, por supuesta financiación irregular de su campaña a las elecciones europeas con el partido Se Acabó La Fiesta (SALF), que pida al Parlamento Europeo que le suspenda la inmunidad para poder imputarle formalmente.
Según ha adelantado La Sexta y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, el fiscal, en un escrito fechado el pasado 19 de septiembre en cumplimiento al traslado que le confirió el magistrado para que se manifestara al respecto, solicita que se curse el suplicatorio de suspensión de la inmumidad que Alvise Pérez tiene como diputado ante el Parlamento Europeo.
El pasado agosto, el juez instructor Julián Sánchez Melgar prorrogó seis meses -con efectos a partir del 20 de septiembre- la instrucción de esta causa, que fue abierta al conocer que el eurodiputado recibió 100.000 euros de un empresario supuestamente para financiar su campaña a las elecciones europeas.
El motivo de esta prórroga fue debido precisamente a que su condición de eurodiputado ralentiza la tramitación.
«No puede obviarse una circunstancia muy significativa como lo es la condición de diputado del Parlamento Europeo de la persona investigada que obliga, a modo de condición de procedibilidad, a solicitar la autorización de la Cámara para que la fase previa pueda sustanciarse. Trámite que, a todas luces, reclama un tiempo de tramitación que se prolongará por varios meses», apuntaba ya entonces el magistrado, que previsiblemente cursará en los próximos días el suplicatorio.
El pasado 11 de julio, el eurodiputado accedió a comparecer voluntariamente ante el juez, con anterioridad a ese trámite, tal y como establece la el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al aforado poder ejercitar su derecho a la defensa sin necesidad de que se le levante previamente la inmunidad como eurodiputado.
Ese día reconoció ante el juez que el empresario Álvaro Romillo, propietario de la plataforma Madeira Invest Club y conocido en redes sociales como ‘CriptoSpain’, le entregó dicha cantidad en efectivo en un maletín negro por una «charla» sobre libertad financiera «de unos 30 minutos».
No obstante, negó que utilizara el dinero para la financiación ilegal de su partido porque, según aseguró, la campaña le costó poco más de 30.000 euros.
Romillo, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de su plataforma, fue quien denunció haber entregado los 100.000 euros a Alvise el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas.
El Supremo considera que su actuación encajaría en el delito de financiación ilegal de partidos, toda vez que «es de aplicación a los hechos el artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en cuanto refieren una conducta sobre elusión de los deberes de contabilidad y control de ingresos de los partidos políticos».
Además de por este asunto, Alvise ha comparecido en el Supremo por otras dos causas que tiene abiertas: una por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, en 2021; y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
