Madrid, 9 oct (EFE).- El fiscal considera compatible el «binomio enfermedad mental y delitos de terrorismo» en casos como el de Yassine Kanjaa, para el que solicita 50 años de cárcel por el asesinato con machete del sacristán Diego Valencia y la tentativa de asesinato del sacerdote Antonio Rodríguez en dos iglesias de Algeciras (Cádiz), el 25 de enero de 2023.
Así lo ha expuesto el representante del Ministerio Público en su informe definitivo en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra Kanjaa, de origen marroquí y que se encontraba de forma irregular en España cuando se produjeron los hechos.
El fiscal Emilio Miró ha sostenido que, pese a la enfermedad mental que le que ha sido diagnosticada (esquizofrenia), sus facultades intelectivas y volitivas no estaban afectadas cuando perpetró los ataques y sabía lo que hacía, por lo que aprecia que por esta circunstancia solo cabe aplicarle la eximente incompleta por enfermedad mental y no la completa, que impediría que fuera condenado.
Circunstancia además que entiende compatible con la acusación de asesinato terrorista -consumado y en grado de tentativa- y de lesiones terroristas, ya que, según ha destacado, una enfermedad mental es más permeable a la propaganda de tipo yihadista y, por tanto, más proclive a la comisión de delitos de terrorismo.
Para el fiscal, la intencionalidad yihadista parece clara por «la elección de a quién quería agredir en todos los sitios en los que estuvo», que fueron precisamente sendas iglesias, la de San Isidro, donde primero agredió al sacerdote con un machete en la espalda, y la de Nuestra Señora de la Palma, donde abordó al sacristán al que persiguió hasta la plaza Alta donde acabó con su vida tras asestarle varios machetazos.
Su ‘animus necandi’ (intención matar) -de ahí que califique los hechos de asesinato y no de homicidio- se centró además en esas dos personas a las que identificó como religiosas y no en el resto de testigos que coincidieron con él en su recorrido mortal por los escasos metros de distancia entre ambos templos y la plaza Alta.
Además, en su comparecencia ante el juez instructor, que este miércoles fue reproducida tras negarse a declarar, pese a los comentarios «excéntricos y extravagantes» que profirió, el fiscal interpreta que dejó claro que lo que motivó su actuación fue que en la iglesia «se realizaban prácticas incompatibles con su credo y que quienes las practicaban debían ser castigados».
Por todo ello, el fiscal ve acreditada la «intención ideológica y la finalidad concreta» en ambos ataques, que, a su juicio, fueron fruto del proceso de radicalización en el que el acusado estaba inmerso, tal y como se desprende, ha recordado, de las publicaciones «de contenido religioso de credo radical extremo» que fueron encontradas en su teléfono móvil y analizadas por la Policía.
«Es cierto que el binomio enfermedad mental y delito de terrorismo es real», ha subrayado al recordar que hay varias sentencias de la Audiencia Nacional que así lo han entendido y han emitido condenas por delitos de terrorismo yihadista pese a presentar los acusados alteraciones en su salud mental.
Tras el fiscal, han informado las acusaciones particulares y populares, un total de siete, entre ellas la Asociación Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia, Vox o Abogados Cristianos.
Todas ellas han coincidido con el fiscal en la intención terrorista de carácter yihadista del acusado, si bien han discrepado con la posibilidad de aplicar una eximente o atenuante por enfermedad mental.
Así, mientras algunas de las acusaciones creen que se le debe aplicar esa eximente incompleta, y en uno de los casos incluso completa, otras entienden que no es de aplicación ningún tipo de atenuante e incluso creen que haya podido fingir esa alteración psíquica.
El juicio continuará el próximo 21 de octubre con el informe de la defensa y se espera que ese día quede ya visto para sentencia.
