Washington, 6 jun (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) insta a las autoridades españolas a expandir la oferta en materia de vivienda, acometer acciones regionales específicas y agilizar los permisos en el sector de la construcción, así como abordar «cuidadosamente» y con flexibilidad la reducción de la semana laboral que impulsa el Gobierno.
Así se recoge en su informe de evaluación de la economía española, dado a conocer este viernes, en el que este organismo dedica un apartado a la vivienda y subraya que el rápido aumento de los precios en el sector residencial en España debería abordarse «principalmente» mediante medidas que estimulen dicha oferta.
Aunque se considera que las iniciativas para aumentar el parque de vivienda social, incluidas las contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, «constituyen un complemento positivo», el FMI cree que «se debe priorizar el aumento de la oferta, especialmente en zonas con escasez de suelo».
En ese sentido, apunta que impulsar la reforma de la Ley de Suelo y acelerar y simplificar la tramitación de permisos para el sector de la construcción «optimizaría la planificación urbana y ampliaría el suelo urbanizable».
También incide en que las autoridades deben plantear medidas específicas para zonas donde la escasez de suelo es menos intensa y la sobrevaloración de los precios de las viviendas no es una preocupación, como en ciudades medianas o pequeñas del interior.
«Las medidas específicas orientadas a la demanda pueden facilitar el acceso a la propiedad de la vivienda para personas solventes pero con limitaciones de liquidez», añade.
Estas recomendaciones en materia inmobiliaria coinciden con las publicadas esta semana por la Comisión Europea (CE) para el actual semestre e inciden en que la modificación de la Ley de Suelo, además de ayudar a desbloquear proyectos estancados, respaldaría una «necesaria» mejora de los niveles de inversión en infraestructura y vivienda, que siguen por debajo de los niveles prepandemia.
No obstante, señala como un riesgo a la baja el hecho de que la subida de los precios inmobiliarios pueda eventualmente afectar a los bancos, ante la posibilidad de que algunas familias, en especial las que compran primera vivienda, opten por productos hipotecarios de mayor riesgo y carga de deuda.
El texto pone también el acento en el proyecto de ley que prevé la reducción de jornada hasta las 37,5 horas semanales, sobre el que precisa que «debe diseñarse cuidadosamente para mitigar los efectos adversos» sobre producción o remuneración, pese a que el plan no implica recortes salariales.
«Las experiencias pasadas en otros países con reducciones de la semana laboral apuntan a un efecto ambiguo sobre el desempleo y a impactos adversos en la producción y crecimiento salarial posteriores a la reforma», señala.
De cara a mejorar la flexibilidad para la aplicación de la futura norma, el FMI insiste en que ésta «debería preservar el importante papel de la negociación colectiva para acomodar la heterogeneidad intersectorial, incluyendo la distribución total de horas a lo largo del año y la fijación tanto del nivel como de la remuneración de las horas extra».
Por otra parte, se recomienda una nueva reforma del sistema de pensiones para tratar de cerrar «la creciente brecha proyectada» para las próximas décadas entre el desembolso para las pensiones y las contribuciones a la Seguridad Social, en la que se amplíe el cómputo de años cotizados para el cálculo de las prestaciones.
La entidad cree que debe ponderarse «un conjunto equilibrado de opciones de reforma, incluyendo una mayor prolongación del período de cotización utilizado para el cálculo, para ajustarlo mejor a los ingresos profesionales promedio de los trabajadores», tal y como sucede en la mayoría de economías avanzadas.
Estas reformas, que el FMI creen que deberían combinarse con incentivos a los trabajadores de más edad a permanecer en el mercado laboral, se enmarcan en las recomendaciones sobre la mejora de márgenes fiscales, las cuales el Gobierno debería acelerar aprovechando «el sólido impulso del crecimiento» del último bienio.
En concreto, el personal técnico del FMI insta a adelantar el actual plan de ajuste fiscal para el periodo 2025-2031, que implica un crecimiento promedio del gasto público del 3 % anual, al lapso 2025-2029, y respaldarlo por un plan a medio plazo mejorado con «prioridades bien identificadas de aumento de impuestos y reducción del gasto».
En términos generales, el FMI mantiene que el PIB español crecerá este año un 2,5 %, por encima de la media de la eurozona, y que el enfriamiento del mercado laboral y la exportación de servicios ralentizarán ese aumento en torno al 1,7 % en 2026-2027.
También apunta a que la inflación va camino de acercarse a la meta del 2 % a final de año y que, pese a la actual reducción del déficit, sin la activación de «medidas adicionales» éste será persistente, al igual que lo será el nivel de deuda elevado, que para 2030 el organismo sitúa en torno al 93 % en relación al PIB, casi nueve puntos porcentuales menos con respecto a 2024.
