Rafael Martínez
Madrid, 10 oct (EFE).- La decisión del Tribunal Constitucional de rechazar las alegaciones del Supremo contra la ley de Amnistía, sitúa al tribunal en la disyuntiva de si aplicar ese fallo a la decena de procedimientos afectados por la norma que estaban suspendidos o, en su lugar, acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Nada invitaba al optimismo en el Supremo desde que el pasado junio la corte de garantías avaló el grueso de la amnistía, pues aquella decisión anticipaba lo que ha ocurrido esta semana al estudiar la cuestión de inconstitucionalidad de la Sala de lo Penal, que ha sido rechazada en su mayor parte por aplicación de doctrina.
En la cuestión del Supremo, que aludía a dos asuntos concretos respecto de tres condenados por desórdenes públicos y atentado en las protestas en Girona y Barcelona tras la sentencia del ‘procés’, se estima tan solo el punto que ya declaró inconstitucional la sentencia de junio, como es el artículo 1.1 al no otorgar la amnistía a aquellas conductas y protestas dirigidas a rechazar el ‘procés’.
Solventado el asunto en el Constitucional, ahora le toca al Supremo mover ficha pero todas las fuentes consultadas por EFE hacen gala de la «prudencia» guiadas por un axioma: «hay que leer la sentencia detenidamente y luego veremos» porque «no es algo que se vea todos los días» y requiere «estudio, sosiego y deliberación».
Porque a la espera del fallo del TC, el alto tribunal congeló hace un año todos los procedimientos pendientes de resolver bajo el paraguas del procés, que llegaron vía recurso de casación de condenas (también hay absoluciones) por desobediencia y desórdenes.
Aquí no entra la causa contra el expresident catalán Carles Puigdemont ni los exconsellers Antoni Comín y LLuis Puig, procesados por malversación, ya que sus procedimientos no están afectados por la constitucionalidad de la norma sino por la aplicabilidad de la ley.
Esto es así porque según explican las fuentes la orden de detención nacional contra ellos está en vigor por aplicación estricta de la ley de amnistía, que excluye de su perdón a los que malversaron para obtener un beneficio personal de naturaleza patrimonial y pusieron en riesgo los intereses financieros de la Unión.
Y ahora se abren dos escenarios: aplicar la norma a la decena de casos pendientes o acudir al Tribunal de Justicia de la UE.
En el primer caso, las fuentes explican que hay que ver caso a caso y resolver las casaciones pendientes aplicando si es procedente la ley de Amnistía, que no deja apenas margen para lo contrario.
Aunque también cabe una última vía que es acudir al TJUE, una opción que reconocen que es «posible» aunque «otra cosa es que se considere procedente o no».
Lo que no deja dudas es que si se opta por la Justicia europea, los procedimientos afectados por la norma seguirían en suspenso hasta que el TJUE resolviese las alegaciones del Supremo.
En el cajón de asuntos pendientes, está el caso de la exconsellera Meritxell Serret, condenada a un año de inhabilitación ; y también de cuatro miembros de la Mesa del Parlament de 2017: Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, sentenciados a cuatro meses de inhabilitación.
También el del exconseller de Empresa Roger Torrent y los miembros independentistas de la Mesa que presidió en el Parlament, absueltos tras ser acusados de desobedecer al Constitucional al tramitar resoluciones soberanistas y de reprobacion a la Monarquía.
Otro procedimiento afecta al exalcalde de Sabadell Matíes Secarrant, condenado a cuatro meses de inhabilitación por no haber impedido el referéndum ilegal del 1-O en la ciudad.
