Barcelona, 5 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo abrirá, a partir de mañana, una consulta pública sobre la opa del BBVA al Banco Sabadell a fin de recabar la opinión de organizaciones, ciudadanos y asociaciones.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio luz verde la pasada semana a la operación, imponiendo ciertas condiciones, y el Gobierno debe decidir ahora si eleva la cuestión al Consejo de Ministros para evaluar la posibilidad de endurecer los requisitos de la opa atendiendo a criterios de interés general.
La consulta pública servirá para “tomar esa decisión con todas las garantías”, ha explicado Sánchez durante su intervención en las jornadas del Cercle d’Economia, donde ha subrayado que su objetivo es ayudar a las empresas a que crezcan en “volumen y competitividad”.
La opa al Sabadell es uno de los asuntos que ha cobrado protagonismo en la reunión del Cercle, que cada año convoca en Barcelona a líderes políticos y empresariales para abordar temas de actualidad.
En esta ocasión están presentes en el encuentro el presidente del Sabadell, Josep Oliu, y su consejero delegado, César González-Bueno; así como el presidente del BBVA, Carlos Torres.
La CNMC anunció el pasado miércoles su decisión, tras varios meses de análisis de la opa, y el Ejecutivo cuenta desde entonces con un plazo de 15 hábiles para evaluar si toma cartas en el asunto.
La oferta del BBVA a los accionistas del Sabadell para absorber la entidad catalana ha provocado el rechazo de cerca de 70 asociaciones empresariales, sindicatos y cámaras de comercio.
Una de ellas, la patronal catalana Foment del Treball, ha pedido hoy al Gobierno que paralice la posible compra, al considerar que supondría la pérdida de 70.000 millones de euros en crédito al tejido productivo español.
Sánchez ha constatado en su intervención en Barcelona que el regulador de la competencia ha detectado “algunos excesos de concentración en medios de pago, en depósitos, en créditos a particulares y en pequeñas y medianas empresas”.
En consecuencia, ha dejado la operación sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones durante los próximos tres años, que se pueden prorrogar hasta dos años más en el caso de los relativos al mantenimiento de las condiciones crediticias a las pymes. EFE
