Madrid, 1 abr (EFE).- El Gobierno acelera los trámites para reformar el decreto aprobado en 2021 que establece los criterios de creación y autorización de nuevas universidades con el objetivo de que vea la luz definitivamente antes del verano con mayores exigencias tanto a nivel académico como financiero.
Ante la proliferación de universidades privadas en los últimos años y después de los avisos de los rectores de las universidades públicas de Madrid o Andalucía por falta de financiación, el Ejecutivo aprueba este martes que el proceso de reforma del decreto de creación de nuevas universidades sea por el trámite de urgencia.
De esta forma los plazos de tramitación se reducen a la mitad, lo que hará que el borrador de esta reforma pase a audiencia pública este miércoles para que la comunidad educativa presenten enmiendas en un plazo de siete días.
Y es que la negociación de este decreto que persigue endurecer los criterios para crear nuevas universidades se había encallado desde hace casi un año. Los sindicatos y los partidos de izquierda se habían movilizado en las últimas semanas a través del Congreso o con informes que alertaban sobre la calidad de la universidad pública por falta de recursos.
PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y con la abstención del PNV, consiguieron aprobar hace unas semanas en el Congreso una proposición no de ley que pedía cumplir con la financiación del 1 % del PIB a las universidades públicas y que las administraciones autonómicas elaboran planes plurianuales de financiación para sus centros.
Estos partidos, apoyados por un reciente informe de CCOO, solicitaban además la moratoria para crear nuevas universidades privadas y centros extranjeros autorizados.
Más exigencias a las nuevas universidades
El Gobierno planteará que para crear nuevos centros universitarios sean vinculantes los informes tanto de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) -donde está el Ministerio y las comunidades autónomas- como los que emite la ANECA y las agencias autonómicas equivalentes en las comunidades autónomas.
Hasta ahora estas evaluaciones eran preceptivas pero no vinculantes y el gobierno autonómico tenía la última palabra.
Además los promotores de nuevos centros deben demostrar capacidad financiera suficiente desde el inicio de la apertura de la universidad y no a los cinco años, que es como contempla la actual ley.
El Ejecutivo quiere garantizar que estas instituciones tienen experiencia en la gestión de este tipo de proyectos para evitar la entrada de fondos de inversión que solo buscan rentabilidad.
El decreto aprobado en 2021 establecía un plazo de 5 años para que las universidades con autorizaciones o en vías de reconocimiento pudieran adaptarse a los nuevos requisitos. Un margen que en algunas universidades privadas veían excesivo.
“Al menos tres años para que se asegure el despliegue del centro”, comentaba a EFE recientemente la rectora de una histórica universidad privada, en la que no hay presencia de fondos de inversión.
El Ejecutivo pide un mínimo de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio de estos centros, que garanticen un 10 % de plazas de alojamiento universitario, así como requisitos más estrictos en materia de investigación.
También que la creación de universidades on line sean aprobadas por las Cortes Generales.
El peso de las privadas cada vez mayor
Actualmente existen 50 universidades públicas y 41 privadas y las matrículas en estos últimos centros han crecido un 368 % desde 1999.
El último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) señalaba que el peso relativo de las universidades privadas está creciendo en grados, máster y doctorados. Y mientras en máster ya supera a las públicas, en grado representan el 20 % de los titulados y en doctorados el 6 %.
La financiación de las universidades públicas también es muy diferente entre comunidades y según CYD mientras Madrid y Barcelona invierten alrededor de 5.500 euros por alumno. País Vasco o Cantabria llega a los 9.000 u 8.000 euros.
Más fiscalización
El Gobierno es consciente de que hay 10 nuevas universidades autorizadas en la última década, algunas de ellas con informes desfavorables, y ante las 9 que esperan evaluación de expediente de apertura avisa de que también se implantarán mecanismos de fiscalización y sanción, en el caso de incumplimiento de los nuevos requerimientos de calidad exigidos.
De momento ya se ha pasado al trámite de información pública y dentro de unos diez días se conocerá la opinión de la comunidad educativa universitaria. La previsión es que entre mayo y junio el decreto vea la luz definitivamente, según señalan a EFE fuentes del Ministerio.
No obstante, al ser un decreto y no un decreto ley no necesitará ser convalidado por las Cortes.
Críticas de las privadas
La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) considera un “ataque injusto e injustificado” a unas instituciones que en su opinión suponen una “mejora de la calidad educativa y la empleabilidad de los jóvenes” y señala que de las veinte universidades consideradas como las mejores del mundo, diecinueve son privadas.
Algunas voces dentro del PP también han criticado que el presidente del Gobierno quiera endurecer los criterios a la privada cuando “la mitad de sus ministros han estudiado en estos centros”.
