Patricia Crespo
Madrid, 12 sep (EFE).- El Gobierno aprieta el acelerador tras pasar el ecuador de la legislatura retomando las leyes pendientes, con los presupuestos para 2026 pero también con otras normas de calado y con acento social, sin que existan garantías de que las duras negociaciones con sus socios parlamentarios que se avecinan tengan sus frutos.
La primera en la lista, y que puede marcar el devenir del Ejecutivo de Pedro Sánchez, son los Presupuestos Generales del Estado, que han iniciado sus trámites previos antes de ser presentados en el Congreso sin tener atados los apoyos necesarios para salir adelante. Moncloa insiste en su determinación de presentarlos y de que lleguen a la votación de totalidad.
Y es en ese punto donde se presenta una de las que podría ser la base de la estrategia de los próximos meses, dejar que la ciudadanía vea lo que vota cada grupo.
Fuentes del Gobierno señalan que en el caso de la reducción de jornada, aunque desde el PSOE hay voces que consideran que la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es la que ha llevado la negociación, podía haber esperado algo más, se comparte con ella que es bueno que los partidos se hayan retratado.
Una expresión esta que, recuerdan, usó la portavoz del Gobierno el pasado martes después del Consejo de Ministros ante el anunciado fracaso de la norma, que finalmente decayó un día después por la falta de apoyos para continuar con su tramitación en el Congreso.
Desde la Cámara Baja otras voces del Gobierno de coalición, en este caso de Sumar, vuelven a repetir el mismo mensaje, al referirse a la ley de movilidad sostenible, fuera ya del cajón tras meses varada en el Congreso. Que cada cual se retrate y explique a los ciudadanos por qué se oponen, dicen.
El Gobierno insiste en que en los dos años de legislatura que acaban de cumplirse se han aprobado 42 leyes, una cifra que consideran exitosa, más aún teniendo en cuenta la debilidad parlamentaria con que se inició este mandato de Sánchez.
Pero cuadrar el sudoku y hacer que las piezas encajen para sacar adelante las leyes pendientes parece, conforme avanzan los meses, más complicado.
Junts no parece estar por la labor de negociar sin desbloquear sus reiteradas «carpetas» pendientes -como la aplicación de la ley de amnistía- y ERC ya ha avisado de que no habrá presupuestos si no hay una financiación singular para Cataluña. La quita de la deuda a las comunidades autónomas -recientemente aprobada por el Gobierno y que tendrá que ir ahora al Congreso- parece no haber aflojado sus posturas.
El guiño a ERC con la financiación autonómica
Sánchez adelantó esta semana que ya trabajan en un nuevo modelo de financiación autonómica que sustituya al aprobado en 2009, en un guiño a la pregunta que le dirigía en el hemiciclo Gabriel Rufián, portavoz de la formación republicana, quien recordó de nuevo al jefe del Ejecutivo que debe «cumplir» lo firmado en el marco de la investidura de Salvador Illa.
La realidad es que varios socios de investidura han amargado en más de una ocasión las votaciones parlamentarias al Gobierno. Pasó en el último pleno antes del verano, al tumbar, junto al PP, el real decreto ley de refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón. En el orden de aquel pleno no estuvo además la polémica reforma de la carrera judicial al no tener aún maduros los apoyos.
Esta es una de las normas estrella del Gobierno que se impulsará en el nuevo periodo de sesiones. Aún está en la Comisión de Justicia, donde se negocian enmiendas para que tenga lo antes posible luz verde.
Del ministerio que dirige Félix Bolaños parten también la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que va dentro de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal. Presentada en mayo como anteproyecto de ley, su tramitación aún será larga, mientras que la proposición de ley del PSOE para reformar la acusación popular no avanza.
La ley mordaza, paralizada
Apoyos suficientes tampoco parece que a día de hoy tenga la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, después de que los partidarios de la misma -impulsada por Sumar- intentaran reactivarla a través de algunos contactos informales entre grupos, pero con muy poca claridad y avances. En los próximos días se verá si tras el parón del verano se reactivan dichos contactos.
Y hay otras normas que se someterán a un nuevo intento. Es el caso de la regulación del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, después de que previamente fuera retirada de la tramitación tras una enmienda pactada por PP y Junts para eliminar el impuesto de la producción eléctrica.
El giro social y los permisos de nacimiento
Lo mismo ocurrirá con la reducción de jornada. Tras el varapalo de este miércoles Sumar pide tiempo para ver la fórmula de implantar una medida que consideran prioritaria para mejorar la vida de los trabajadores. Fuentes de la formación insisten en que esta semana seguirán con el giro social que quieren imprimir a la legislatura. Hay, dicen, muchas cosas por delante en las que trabajar, como la subida del SMI, la dependencia o las medidas anticorrupción.
La reciente convalidación de los permisos de nacimiento y cuidado, que tuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox es, remarcan, una buena muestra de lo que hay que hacer y se puede hacer.
