Madrid, 22 jun (EFE).- El Gobierno aprobará, en el Consejo de Ministros del próximo martes, un real decreto-ley con medidas para incrementar la robustez del sistema eléctrico después del apagón peninsular del 28 de abril, tanto a nivel de operación como para reforzar las vulnerabilidades identificadas en el ámbito de la ciberseguridad.
El paquete, que el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha presentado a los grupos parlamentarios, parte de las medidas contempladas en el informe del comité investigador con las que se busca, por ejemplo, mejorar las capacidades para el control de tensión y la protección contra las oscilaciones del sistema.
Según el informe conocido esta semana, el inédito episodio se produjo por un problema de sobretensión con «origen multifactorial»: el sistema tenía una capacidad de control de tensión insuficiente, hubo oscilaciones que condicionaron la operación y se desconectaron instalaciones de generación, en algunos casos, de modo aparentemente indebido.
Más allá de aclarar qué lo causó, el documento -que no identifica a quién pertenece cada central por razones de confidencialidad- incorpora medidas y recomendaciones para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.
Que «todos los agentes» cumplan
En rueda de prensa, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó que las propuestas se englobaban en ocho bloques de actuación, desde el punto de vista de la operación del sistema, y en tres desde la ciberseguridad y los sistemas digitales.
La primera -«fundamental» para la ministra- es el refuerzo de la supervisión y la verificación del cumplimiento de las obligaciones «por parte de todos los agentes del sistema», sobre todo de las asociadas al control de tensión y factor de potencia.
Para ello se plantea el análisis del cumplimiento de la normativa aplicable por parte de los órganos competentes en inspección, instrucción y, en su caso, sanción, no sólo de lo ocurrido el día del incidente, sino con carácter más amplio.
También regular el régimen jurídico de las infraestructuras comunes de evacuación, instalaciones que no son ni red de transporte ni de distribución, sino una red privada de los generadores hasta llegar al punto frontera en el que, finalmente, se conectan.
Por último, acelerar la constitución de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en trámite parlamentario, como organismo regulador y supervisor especializado y focalizado exclusivamente en el sector energético, a la vista de su «elevada complejidad» y «necesidad de mayor supervisión y transparencia».
El interés del comité por que «todos los agentes» cumplan con sus obligaciones se interpreta como uno de los aprendizajes del pasado 28 de abril, donde faltaron capacidades de control de tensión, bien «porque no estaban programadas con suficiencia, bien porque las que estaban preparadas no funcionaban adecuadamente lo que reserva la norma o una combinación de ambas», dijo Aagesen.
La ministra reveló que grupos de generación que «tenían que haber controlado tensión, y que muchos estaban retribuidos económicamente para ello, no absorbieron toda la reactiva (energía no útil) que se esperaba, en un contexto de elevadas tensiones».
Reforzar el control de tensión
Precisamente, el documento urge a implementar la revisión normativa que permitirá a las tecnologías renovables controlar la tensión en la red eléctrica igual que las fuentes convencionales, y establece penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones que siguen siendo aplicables a los grupos síncronos.
De forma tradicional, la generación síncrona (térmica e hidráulica) ha proporcionado este servicio, mientras que la asíncrona (como solar o eólica) y la demanda (consumidores de electricidad) sólo tenían la obligación de mantener su generación o consumo de energía reactiva dentro de unos límites.
El pasado jueves, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció su visto bueno a la modificación, que introduce dinamismo e incentiva el desarrollo de capacidades para proporcionar mayores recursos por parte de todas las tecnologías de generación y demanda.
El informe añade medidas para subir la demanda eléctrica, con atención al impulso de la planificación de la red de transporte con horizonte 2030, así como apostar por el almacenamiento, la repotenciación de proyectos renovables, la mejora de las interconexiones y el abordaje de vulnerabilidades en ciberseguridad.
Aunque el apagón «no se debió a falta de capacidad o firmeza» en el sistema, el comité defiende incrementarla con un mercado de capacidad. En diciembre de 2024, el Ministerio sacó a audiencia pública su propuesta de orden.
Este mercado se entiende como un seguro que el regulador adquiere en nombre de los consumidores -a los que se les repercutirá después en su factura siguiendo el esquema de peajes y cargos- para garantizar el suministro en los momentos de mayor estrés para el sistema.
Recomendaciones de Red Eléctrica
Un día después de conocerse el informe del comité presidido por Aagesen, Red Eléctrica emitió el suyo en cumplimiento con la normativa.
En él, el operador del sistema hace recomendaciones técnicas, como la aprobación de su propuesta sobre el servicio de control de tensión en el sistema peninsular español para que toda la generación con capacidad de prestarlo en tiempo real deba activarlo y se establezcan penalizaciones.
Mención especial dedica al primero de los eventos que llevaron al colapso, la oscilación «forzada» en una planta fotovoltaica en la provincia de Badajoz, desde Red Eléctrica creen que pudo deberse a un funcionamiento incorrecto de los controles internos a aclarar por su propietario.
Por eso, sugieren investigar este evento e implementar las acciones «correctivas» que eviten su repetición. EFE
