Madrid, 26 ago (EFE).- El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Ministros el último decreto para poner en funcionamiento el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, que están obligadas por ley a asumir la acogida.
El Ejecutivo fijará la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma, es decir, el número de plazas que debe tener para cumplir el ratio fijado, de 32 menores por cada 100.000 habitantes.
Es el último decreto de cara a aplicar el mecanismo de solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por el que se derivará a unos 3.000 jóvenes desde las zonas más tensionadas, como este archipiélago o Ceuta, a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.
Esta semana también se aprobará la situación de contingencia migratoria de los territorios cuya ocupación de recursos triplique su capacidad ordinaria de acogida y de los que saldrán los menores, como Canarias y Ceuta.
Este mecanismo implica además que los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.
Según los datos del Gobierno, la mayoría de comunidades acogen menos menores migrantes de lo que deberían, lo que no ocurre en Canarias, Ceuta, Baleares o Euskadi.
Las autonomías que presentan más diferencia respecto a lo que les correspondería por población y lo que realmente acogen son Andalucía (1.372 menos de lo que le corresponde), Comunidad Valenciana (1.216) y Galicia (620).
La capacidad ordinaria, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía, es clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, l a dispesión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.
En julio, con datos iniciales que todavía no restaban el millar de menores solicitantes de asilo de los que se debe hacer cargo el Estado, el Gobierno calculaba que los territorios que más jóvenes acogerían serían Andalucía (677 jóvenes); Madrid, (647) y Comunidad Valenciana (571).
Le seguían en la lista Castilla-La Mancha, con 320 jóvenes; Galicia, con 317; Aragón, con 251; La Rioja, con 205; Castilla y León, con 197; Extremadura, con 159; Cantabria, con 156; Asturias, con 144; Región de Murcia, con 133; Navarra, con 118 e Islas Baleares con 49.
Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque Cataluña anunció su intención de atender como mínimo a 31, el mismo número que en anteriores campañas de acogida.
A este sistema se oponen diez comunidades autónomas gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, que han recurrido ante el Tribunal Constitucional. Además, la Comunidad de Madrid ha acudido al Tribunal Supremo y lo mismo ha anunciado Baleares, que pide suspender cautelarmente el reparto.
En todo caso, mientras que la ley esté operando, las comunidades deben cumplirla y de negarse los profesionales que acompañarán a cada menor podrán pedir ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo pondrán en conocimiento de la Fiscalía y entregarán al joven a la entidad de destino.
