Madrid, 29 ago (EFE).- El Gobierno aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros la condonación de 85.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, una quita pactada con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a la que se opone el PP y frente a la que ya anunciaron recursos varias comunidades gobernadas por este partido.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este viernes que el Ejecutivo aprobará el mecanismo para condonar parte de la deuda autonómica, un compromiso incluido en el acuerdo de investidura con ERC, que obtuvo en febrero el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde doce comunidades autónomas gobernadas por los populares protagonizaron un plante.
Al contrario de lo que sostiene el PP, el Gobierno argumenta que esta quita, que deberá ser aprobada por las Cortes, no incluye ningún tipo de privilegio para Cataluña ni agravio alguno al resto y ve «difícil» que las comunidades no acepten la condonación, pese al rechazo mostrado por el partido de Alberto Núñez Feijóo.
Según el cálculo que el Ejecutivo hacía el pasado febrero, las autonomías podrían ahorrar entre 6.500 y 7.000 millones de euros en intereses.
«No tienen argumentos para renunciar», ha afirmado este viernes la ministra de Hacienda desde Sevilla. Sin embargo, las quejas de comunidades gobernadas por el PP no se han hecho esperar.
Comunidades del PP denuncian cesiones al independentismo catalán
La Comunitat Valenciana considera «inaceptable» la condonación parcial por ser fruto de un pacto «unilateral», carecer de consenso autonómico y que por no tener en cuenta que el 80 % de la deuda valenciana tiene como origen la infrafinanciación, según ha señalado la consellera de Hacienda, Ruth Merino.
Esta comunidad solo podría condonar el 19,3 % del total de su deuda, 11.210 millones, y niega que ello suponga poder destinar más a los servicios esenciales.
También se opone Andalucía, que ve en esta medida una «cesión más» del Gobierno ante el independentismo catalán para poder seguir en la Moncloa y denuncia que no genera «ni un euro más para invertir en Andalucía», sino que solo afectará al balance de las cuentas, beneficiando más a las comunidades más endeudadas al mejorar su solvencia.
Además, la deuda no desaparece, sino que la asume el Estado y por tanto se «mutualiza», ha señalado también la Junta.
Andalucía reclama un nuevo sistema de financiación, al calcular que con el actual deja de percibir 1.528 millones de euros cada año. Además, la consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, ha acusado a Montero, candidata socialista en Andalucía, de no haber «movido ni un solo dedo» en siete años para paliar la infrafinanciación.
Para Baleares, la condonación es un ejercicio de «trilerismo presupuestario» que no mejora la financiación, porque los ahorros que pudiera generar esa medida no se pueden destinar a gasto no financiero como inversiones en servicios sociales o infraestructuras, según ha explicado el conseller de Hacienda, Antoni Costa.
Estas son las primeras reacciones ante una medida que ya suscitó un fuerte rechazo el pasado mes de febrero, cuando las comunidades gobernadas por el PP y Canarias, donde este partido cogobierna, abandonaron el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne al Gobierno con los consejeros de Hacienda, en señal de protesta.
Entonces, varias autonomías gobernadas por el PP, como Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Murcia o La Rioja, anunciaron que recurrirían la medida cuando se apruebe. El Gobierno madrileño no esperó a ese momento y recurrió el acuerdo adoptado en el CPFF.
Pese a ello, el Gobierno ha considerado que las comunidades del PP se acogerán a esta medida cuando esté aprobada en las Cortes.
Con todo, el principal enfrentamiento respecto al gasto autonómico no es el de la quita, sino el de la financiación singular para Cataluña, para la que el Gobierno central y el catalán ya pactaron una estructura el pasado mes de julio, que suscitó múltiples críticas.
El debate sobre esta financiación singular, que el PP considera un cupo, es «complejo» y requerirá más tiempo del previsto inicialmente, como reconoció el pasado lunes el PSC, tras supeditar ERC la posibilidad de alcanzar nuevos acuerdos a que se produzcan avances al respecto.
