Madrid, 23 sep (EFE).- El Consejo de Ministros aprueba este martes el decreto-ley que consolidará jurídicamente el embargo de armas a Israel, dos semanas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara esta medida dentro de un paquete de nueve iniciativas encaminadas a contestar los ataques de Israel sobre Gaza.
Las demás medidas contra Israel se aprobaron en la reunión del Gabinete del 9 de septiembre, pero quedó pendiente el decreto debido a la complejidad técnica que exigía su aprobación, con varios ministerios implicados y obligados a adecuar su contenido a la legislación europea.
Eso sí, el Ejecutivo dejó claro que el embargo de armamento está en marcha desde 2023, si bien ahora se pretende afianzar de modo que se consiga una mayor cobertura jurídica a la prohibición de comerciar armamento con Israel. Las demás medidas acordadas también estaban vigentes con anterioridad.
El decreto-ley entrará en vigor pero deberá ser convalidado por el Congreso en un plazo máximo de treinta días a contar desde el de su promulgación, es decir, que una vez que se debata deberá contar con el voto favorable de la mayoría de la Cámara, algo para lo que en principio el Gobierno cuenta con suficiente respaldo.
Cabe la posibilidad de que, una vez convalidado, el pleno acuerde su tramitación como proyecto de ley, lo que permite introducir enmiendas en el texto procedente del Gobierno.
En este sentido, la vicepresidenta segunda y líder de sumar en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, ha advertido de que si el decreto no es suficientemente «ambicioso» su grupo podría votar a favor de la tramitación como proyecto de ley para así cambiarlo.
Pedro Sánchez no presidirá este martes la reunión del Gabinete, ya que está en Nueva York con motivo de la celebración de la Asamblea General de la ONU, ante la cual interviene el rey Felipe VI. En su ausencia, será la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la encargada de presidir el Consejo de Ministros.
Las otras medidas que Sánchez anunció como respuesta al «genocidio» de Israel contra el pueblo palestino abarcan desde la denegación de entrada en el espacio aéreo a aeronaves que transporten material de Defensa con destino a Israel hasta el refuerzo del apoyo que presta España a la Autoridad Nacional Palestina (ANP).