Brasilia, 8 abr (EFE).- El Gobierno de Brasil aseguró este martes que los procesos de demarcación de tierras indígenas siguen avanzando, mientras miles de miembros de los pueblos originarios se concentran en Brasilia esta semana en defensa de sus derechos ancestrales.
La presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), Joênia Wapichana, señaló en una entrevista con EFE que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva “ha hecho su trabajo”, después de años de parálisis con el exmandatario ultra Jair Bolsonaro (2019-2022).
“Los procesos de demarcación no están parados”, aseguró, tras apuntar que en poco más de dos años el actual Ejecutivo ya homologó 13 reservas y declaró listas para alcanzar ese estatus a otras 11.
Además, Wapichana dijo que se alteraron o revocaron las normas aprobadas durante la Administración de Bolsonaro que “flexibilizaban” los derechos indígenas.
En ese sentido, la funcionaria cargó contra el mal estado en que se encontraba la Funai, el órgano encargado de velar por el cuidado de las poblaciones indígenas, durante el mandato de Bolsonaro, quien frenó todos los procesos.
“Encontramos una Funai desmontada, un cuadro de retroceso, por lo que tuvimos que recuperar la estructura”, dijo, antes de participar en un debate en la Cámara de Diputados dedicado a los derechos indígenas.
Miles de integrantes de los pueblos tradicionales marcharon este martes hacia la sede del Congreso, en el marco del llamado Campamento Tierra Libre, que es organizado anualmente desde 2004 por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib).
La movilización planea congregar esta semana a miembros de unas 200 etnias, que hasta el próximo viernes se reunirán con autoridades de los tres poderes del Estado y permanecerán en “asamblea permanente”.
“No toda la tierra fue demarcada y nosotros estamos aquí desde el inicio… Brasil no empezó en el año 1500”, declaró a EFE Amanda Lira de Oliveira, una indígena de la etnia guaraní que participa en la protesta.
Si bien el Gobierno de Lula ha retomado las demarcaciones, los pueblos originarios exigen más celeridad en el análisis de un centenar de procesos sobre reservas, que se sumarían a unas 600 ya reconocidos y que ocupan cerca del 14 % del territorio nacional.
Otra de las causas que impulsa la movilización es la lucha contra una ley aprobada en 2023 que limita los derechos de las etnias a las tierras que ocupaban al 5 de octubre de 1988, la fecha de promulgación de la Constitución.
Según los indígenas, esa legislación desconoce sus derechos ancestrales sobre territorios de los que fueron previamente expulsados de forma violenta.
