El Gobierno cifra en catorce los presos españoles detenidos “arbitrariamente” en Venezuela

Imagen de archivo de familiares y activistas venezolanos frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid para entregar una carta que exige al Gobierno español una mayor implicación en la liberación de los que presos españoless detenidos en Venezuela. /Archivo. EFE/ María Inmaculada Balbás

Madrid, 18 may (EFE).- Catorce personas con nacionalidad española permanecen detenidas “arbitrariamente” en cárceles de Venezuela, según cifras del Gobierno, que coinciden con las que maneja la oposición venezolana en España y, de ellos, todos tienen doble nacionalidad salvo dos ciudadanos vascos arrestados hace casi un año.

En una respuesta escrita a una pregunta de UPN, el Ejecutivo confirma estas detenciones, destacando que prácticamente todos son dobles nacionales nacidos y residentes en Venezuela.

Es el caso de Fernando Noya, detenido el 5 de mayo de 2020, como explica a EFE su hermana Verónica, que lleva seis años viviendo en España y quien reclama al Gobierno que vele por que se respeten los derechos humanos de todos los detenidos y no solo por los de los dos bilbaínos: José María Basoa y Andrés Martínez Adasme.

Verónica, cuyo marido -militar- está también encarcelado en Venezuela y se enfrenta a una pena de casi 30 años, asegura que como familiares de presos españoles se sienten “totalmente desamparados” por el Ejecutivo y dice que nadie ha contactado con ellos para interesarse por la situación de estos “presos políticos”, de quienes ni siquiera conocen su expediente penal.

De todos modos, reclama al Gobierno que exija al régimen de Nicolás Maduro “la liberación inmediata” de estas personas y también que eche una mano con el resto de presos políticos venezolanos para que se actúe con justicia y sean todos puestos en libertad.

El PP y el PNV son de los partidos que más se han involucrado en la situación de Venezuela y en la de los presos con nacionalidad española, aunque con retóricas diferentes sobre la deriva del país caribeño, provocada por la autoproclamada victoria de Maduro en las pasadas elecciones del 28 de julio frente al candidato opositor, Edmundo González, exiliado en España.

Con la documentación disponible, buena parte de la comunidad internacional, incluida España, considera a González Urrutia ganador de las presidenciales si bien el Ejecutivo no le ha reconocido formalmente como presidente electo.

Sobre el caso concreto de los detenidos españoles, el portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, Íñigo Fernández, también se queja de no tener constancia de las gestiones que podría estar haciendo el Gobierno sobre estos presos.

Y tampoco la tiene sobre estos dos ciudadanos vascos, cuya detención anunció el Gobierno venezolano el 14 de septiembre de 2024 en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor Edmundo González.

Se les acusa de estar implicados en una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo actos “terroristas”, entre otros el de asesinar a Maduro.

Lo que sí le consta al Partido Popular -asegura Fernández a EFE- es que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, “no controla la agenda de Venezuela” sino que la lleva el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusan de blanquear a Maduro.

El PNV lleva también tiempo denunciando la política “represiva” de Maduro, a quien acusan de haber incrementado esta política a partir de las elecciones del 28 de julio, como apunta el portavoz nacionalista vasco en la misma comisión de Asuntos Iberoamericanos, Luke Uribe-Etxebarria.

Insiste en que Albares les ha trasladado que Exteriores está haciendo un seguimiento de los presos españoles en Venezuela como lo hace en cualquier otro país y cree que el Gobierno hace todo lo que puede: “Conociendo cómo funciona el régimen chavista no nos extraña que no tenga toda la información”.

Los nacionalistas vascos se han interesado por la situación de los dos ciudadanos vascos desde que tuvieron constancia de su arresto, recuerda Uribe-Etxebarria, y han reclamado que se aclare de qué se les acusa y que tengan “un proceso justo”.