Madrid, 29 may (EFE).- El Tribunal Supremo celebra este jueves la vista en la que el Gobierno debe detallar las medidas adoptadas para atender en su red estatal de acogida a los cerca de 1.200 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están bajo tutela de Canarias, tal y como le ordenó el pasado 25 de marzo.
Más de dos meses después, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo escuchará el informe del Ejecutivo sobre el cumplimiento de la medida cautelar, impuesta a petición del Gobierno de Canarias, y que le daba un plazo improrrogable de 10 días para garantizar el acceso y permanencia de los jóvenes en el sistema nacional.
La vista se convocó al interpretar que la respuesta recibida del Estado “parece poner de relieve que no se ha dado cumplimiento en sus propios términos” al requerimiento.
Se pide al Estado informar con “una relación detallada” de los menores que ya han sido evaluados individualmente en el ámbito del sistema nacional de acogida de protección internacional y los que están pendientes de evaluación.
En el caso de los jóvenes cuya situación ha sido ya analizada, deberá señalar qué recurso de acogida del sistema se le ha asignado a cada uno de ellos y cuántos están pendientes de asignación.
El Supremo exige al Gobierno que, en el caso de que el sistema no tuviera los recursos suficientes para ejercer esta “competencia estatal”, tendrá que detallar qué “iniciativas concretas” ha adoptado para obtenerlos y en qué plazo espera conseguirlos.
El Gobierno ha asegurado que acatará esa orden, pero en varias ocasiones ha advertido de que su sistema de protección internacional está diseñado para atender a adultos o familias.
Por ello, esta misma semana el Gobierno central ha enviado una propuesta de protocolo al Canario -que asistirá a la vista como demandante-, un “borrador abierto a aportaciones”.
De hecho, el Supremo le pide también que dé cuenta de qué acuerdos o protocolos “concretos” ha concertado con el Ejecutivo canario para ejecutar esta orden y cuál es el calendario establecido para ello.
El Gobierno aprobó el pasado 18 de marzo un real decreto ley para articular un mecanismo de reubicación de los jóvenes desde zonas con los recursos tensionados, como Canarias y Ceuta, a otras regiones.
La norma ha suscitado un gran rechazo de las comunidades presididas por el PP pero está en marcha y, a juicio de ambos gobiernos, el central y el canario, es la solución para acabar con el hacinamiento y las malas condiciones en las que se encuentran los jóvenes migrantes en Canarias, solicitantes de asilo o no.
