Sevilla, 26 may (EFE).- El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha criticado que la visita iniciada este lunes en la provincia de Cádiz por una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya sido «desvirtuada» con una finalidad política, al poner el foco en el narcotráfico y en sus víctimas.
Tras la reunión del plan Rocío Seguro 2025, Fernández ha explicado en rueda de prensa que la petición fue planteada inicialmente en 2023 por el sindicato Confederación Española de Policía (CEP), con el apoyo posterior de partidos como PP y Vox.
«Lamentablemente, la están utilizando (incluso a las víctimas de los narcotraficantes), como ocurrió en el caso concreto de Miguel Ángel y David, los dos guardias civiles que fallecieron el 9 de febrero de 2024 en Barbate», ha indicado.
La visita, ha explicado, responde al estudio de la situación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la Unión Europea para evaluar si ejercen una profesión de riesgo, pero no específicamente en el caso concreto de Cádiz, Andalucía o el resto de España.
Fernández ha recordado asimismo que la Administración General del Estado, que precisamente recibirá el miércoles en Sevilla a la delegación europea, es la única que tiene «potestad en materia de seguridad», por lo que se ha mostrado «sorprendido» de que en esta visita se haya implicado también a otras administraciones como los ayuntamientos de Barbate, Algeciras o la propia Junta.
El delegado ha avanzado que siempre dará las explicaciones «oportunas» y que se pueden seguir ampliando «de manera permanente» los medios humanos y materiales para la lucha contra el narcotráfico.
Al respecto, ha destacado que el Gobierno de España estableciera desde 2018 un plan especial de seguridad «sin precedentes» para el entorno del Campo de Gibraltar, con dotación de plantillas y medios, y ha repasado las cifras de detenciones e incautaciones de droga.
Fernández ha insistido en que el Ejecutivo apoya «al cien por cien» todo lo que tenga que ver con la mejora de las condiciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero ha rechazado que se busque «confrontación» en esta materia.
