El Gobierno de Ecuador advierte que no negociará una eliminación del subsidio al diésel
Latacunga (Ecuador), 15 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, no negociará la eliminación del subsidio al diésel, como piden sectores del transporte, aseveró este lunes la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo. Apuntó que quien toma las decisiones en el país «es el Gobierno nacional» y subrayó que «no hay negociaciones» con los detractores de la medida, pero sí conversaciones pues siempre ha habido «apertura al diálogo». «Hemos dialogado siempre y lo seguiremos haciendo. Sin embargo no hay espacio para la extorsión, para la negociación entendida como una suerte de presiones en donde el Gobierno ‘tendría que terminar cediendo'», dijo en su rueda de prensa semanal al subrayar que «la decisión está tomada, los recursos tienen que ir a quienes más lo necesitan». No descartó que este lunes se registren alertas de protestas, pero «seguramente se van a ir desactivando porque el Gobierno no solo tiene la investidura del poder que le dio la gente en las urnas, tiene el apoyo de la gente que está convencida de que los recursos tienen que ir a los más vulnerables», dijo. En la rueda de prensa, desarrollada en la ciudad de Latacunga, en las provincia andina de Cotopaxi, a donde se trasladó la sede del Ejecutivo por disposición del jefe de Estado Daniel Noboa, Jaramillo aseveró que el subsidio al gas «se mantiene». «El programa más ambicioso» La eliminación del subsidio al diésel implica un incremento en el precio de este combustible de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares en las estaciones de servicio. Según cálculos oficiales, la eliminación del subsidio supondría un ahorro en el gasto estatal de 1.100 millones de dólares, que se destinarán al pago de incentivos productivos y sociales que reemplazan «subsidios ineficientes por beneficios directos para las familias ecuatorianas». «Hemos iniciado el programa más ambicioso de redistribución de recursos y entrega de incentivos sociales jamás implementado en el Ecuador», dijo. Desde este lunes, comentó, «miles de ecuatorianos recibirán los primeros recursos», entre ellos, el Bono Raíces, que consiste en la entrega de un incentivo de mil dólares a 100.000 agricultores. «El Gobierno reitera que no hay ninguna razón para que haya una subida en el costo de los pasajes», indicó antes de recordar que más de 23.000 transportistas recibirán un bono mensual que va entre 450 y 1.000 dólares «precisamente para evitar el alza de pasajes». Además, se ha puesto en marcha el crédito a tasa subsidiada y el bono de chatarrización. «Son 1.528 unidades de transporte, con un monto de por un monto de 150 millones. Los créditos tendrán una tasa anual del 9 %». Adicionalmente, hay un incentivo económico para los sectores del transporte comercial, carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turístico por un monto de 30 millones de dólares. Además, ante una solicitud del sector del transporte para la construcción de zonas de descanso, habilitarán 12 sitios entre las provincias andinas de Tungurahua y Pichincha por un monto de ocho millones de dólares. «Esto servirá para que 3,14 millones de vehículos puedan tener estas zonas de descanso y su entrega tomará alrededor de 24 meses», detalló al agregar que habrá, además, cinco estaciones de pesaje para miles de vehículos de carga pesada, con una inversión total de 17 millones de dólares. El Gobierno también ofrecerá el ‘crédito 7×7’, es decir a 7 años a 7 % de interés, por montos de 500 hasta 30.000 dólares para capital de trabajo y compra de equipos. Asimismo, se distribuirán más de 200 tractores de alta capacidad, apoyando directamente la productividad al campo. También habrá apoyo a los pescadores artesanales en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro, y se ampliará el Bono de Desarrollo Humano a 55.000 familias en todo el país, con una inversión de 130 millones de dólares, enumeró entre otras acciones. Mientras tanto, los dirigentes del transporte se reunirán este lunes para analizar la situación, en tanto que algunos grupos sociales y sindicales rechazan la eliminación del subsidio al temer que ello dispare la inflación, en detrimento de la economía del pueblo.
