Quito, 15 sep (EFE).- El Gobierno ecuatoriano aseveró este lunes que depositó más de 1,1 millones de dólares en incentivos productivos a más de 1.600 transportistas tras la eliminación al subsidio del diésel, mientras se reportan esporádicas protestas en diferentes provincias en rechazo al alza del precio del diésel y por la inseguridad.
«Compromiso cumplido», señaló el Ministerio de Infraestructura y Transporte en un comunicado en referencia al anuncio hecho el pasado viernes por el Gobierno de que entregarían incentivos y compensaciones a varios sectores, entre ellos el del transporte a fin de que se mantengan los precios de los pasajes.
Según el Ministerio, los primeros beneficiados son 1665 transportistas de las modalidades intercantonal (rural, urbano combinado), inter e intraprovincial.
«El número de beneficiados seguirá en aumento una vez que los propietarios de vehículos se registren en el portal oficial del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT)», explicó e informó de que, adicionalmente, habilitó puntos de atención presencial a escala nacional para dar soporte a los transportistas. El MIT garantizó que el Gobierno, liderado por Daniel Noboa, seguirá cumpliendo su compromiso con el sector transportista. Protestas por diésel e inseguridad El anuncio se realizó el día en que dirigentes de los transportistas mantendrán una reunión para analizar el impacto de la eliminación del subsidio al diésel, y en una jornada en que se registraron protestas en la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia por la eliminación del subsidio sin previo aviso. En la provincia del Azuay (sur) un grupo de transportistas de camiones bloqueó una vía en protesta por el alza del costo del combustible desde el pasado sábado, al igual que en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. También en la provincia de Pichincha hubo manifestaciones este lunes pero no por la eliminación del subsidio al diésel -que elevó desde el pasado sábado de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares-, sino por la inseguridad. En la zona un transportista, que prefirió el anonimato por temas de seguridad, dijo a EFE que quieren «regresar con vida» a sus hogares pues han sido asaltados por «ladrones experimentados (…) que tienen hasta ocho sentencias» en el sistema judicial. «Tienen amenazados a jueces y fiscales, y el Estado no hace nada por eso; tienen amenazados a los líderes del transporte, nos tienen amenazados a nosotros. Pagamos vacunas (extorsiones) o rogamos que no nos roben», dijo. Pidió que las denuncias que hacen ante la justicia tengan efecto inmediato: «No es posible que nos roben los carros, y a los quince días recién se suba la denuncia», dijo al agregar que hay quienes no denuncian porque si lo hacen «nos queman los carros, nos secuestran, nos quitan los dedos, nos piden sumas que no tenemos: 15.000, 20.000 dólares». Por su parte, el gerente de una cooperativa de transportes, que también prefirió el anonimato, reveló a EFE que el pasado jueves un camión «fue atacado con siete balazos. El chófer está muy delicado de salud», dijo. «Solo queremos el derecho a circular libremente, nosotros salimos a ganar el pan de cada día y queremos llegar a nuestros hogares sin problemas sin preocupaciones, pero ahora es imposible circular», sostuvo. La manifestación en la zona de Tambillo, en la provincia de Pichincha, provocó una intensa congestión mientras policías y militares contenían la situación de forma pacífica y facilitaban el paso de vehículos particulares. Durante la protesta se pudo apreciar unos camiones con la bandera de Ecuador y otros con un inmenso letrero que rezaba: «Transporte pesado en crisis. Advertencia delincuentes, ladrón, asesino que detenga la marcha de las unidades será ajusticiado». En otros letreros, más pequeños, se leía: «Los transportistas somos personas, no blancos de la delincuencia», «Cada conductor tiene una familia que le espera. ¡Gobierno actúe ya por la seguridad!» y «Los transportistas también somos padres de familia: queremos volver a casa con vida», entre otros mensajes.