Quito, 29 sep (EFE).- La portavoz de la Presidencia de Ecuador, Carolina Jaramillo, aseveró este lunes que no negociarán ni retrocederán en la decisión de eliminar el subsidio al diésel, medida que ha provocado manifestaciones que, hasta el momento, han dejado un manifestante fallecido, doce militares heridos y 17 uniformados «secuestrados».
«El Gobierno del Presidente Daniel Noboa es claro: no vamos a negociar y no vamos a retroceder porque esto significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan», dijo en su rueda de prensa semanal.
El Gobierno comenzó a entregar incentivos y compensaciones a distintos sectores, gracias a los alrededor de 1.100 millones de dólares que calcula se destinaban antes al subsidio al diésel.
Jaramillo reveló que, hasta el momento se entregó el Bono Raíces a 83.000 familias, de las cuales 1.803 son de la provincia de Imbabura, que se mantiene como el foco de las protestas, que este lunes entran en su segunda semana.
Además, entregaron a transportistas 10,5 millones de dólares, «existen 865 beneficiarios de la provincia de Imbabura» y se han entregado 140 tractores, de los cuales 39 han llegado a manos de mujeres, anotó.
«Hemos beneficiado a más de 35.000 familias campesinas de la provincia de Imbabura, de las cuales 12.000 tienen cabeza de hogar femenino, generando una transformación social de política pública nunca antes vista en el país», dijo.
Agregó que a 18 días de redireccionar los recursos que antes iban a subsidiar el diésel, «se registra una importante reducción del consumo del diésel en provincias donde antes había contrabando», lo que evidencia que esos «recursos estaban siendo mal utilizados, el subsidio estaba yendo a los contrabandistas».
Enumeró que la provincia del Carchi (fronteriza con Colombia) registra una reducción del 25,7 %; Imbabura, 25,1 %, El Oro (fronteriza con Perú), 22,6 %; Chimborazo 21 %; Manabí, 20,8 %, de una lista de diez provincias.
Noboa lideró convoy
Jaramillo se refirió a los incidentes del domingo en la ciudad de Cotacahi (Imbabura) cuando falleció un manifestante luego de que -según el Gobierno- emboscaron a un convoy con ayuda humanitaria, que pretendía llegar al norte del país.
El Gobierno «rechaza tajantemente» los actos de violencia registrados en Cotacachi donde los militares «han ejercido el uso progresivo de la fuerza, en defensa de la gente del sector, que necesitaba el convoy con ayuda humanitaria», apuntó.
Jaramillo agregó que, además de los doce militares heridos, hay 17 «que han sido secuestrados y seguimos sin conocer cuál es su paradero ni el estado en que ellos se encuentran».
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), convocante de las protestas, ha denunciado represión y el asesinato de un manifestante, presuntamente a causa de disparos de militares.
Jaramillo comentó que el objetivo de Noboa es «velar y proteger la vida de todos los ecuatorianos» y por ello, «ante la escalada de violencia de grupos terroristas infiltrados en las manifestaciones y que están buscando el enfrentamiento entre el pueblo ecuatoriano, un convoy humanitario ingresó ayer en la noche a Imbabura».
«Este convoy estaba encabezado por el presidente» y los ministros del Interior, John Reimberg y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, así como el nuncio apostólico, Andrés Carrascosa; la embajadora de la Unión Europea (UE), Jekaterina Doródnova; la coordinadora residente de la ONU en Ecuador, Laura Melo y el embajador de Italia, Giovanni Davoli.
El objetivo era «llegar con ayuda humanitaria a las familias de la provincia de Imbabura», recalcó la portavoz.
«Esta comitiva fue recibida por violentos que no representan a los ecuatorianos. Fueron agredidos con bombas molotov, piedras, voladores y obstáculos en la vía para impedir que la ayuda llegue a la población de Imbabura», sostuvo al anotar que «ha quedado en evidencia, una vez más, que no se trata de manifestaciones pacíficas sino de actos terroristas».
