Guayaquil (Ecuador), 18 ago (EFE).- El Gobierno ecuatoriano negó este lunes que se hayan usado fondos públicos para financiar la marcha que encabezó el pasado 12 de agosto el presidente Daniel Noboa en contra de la Corte Constitucional, después de que el alto tribunal suspendió parcialmente y de forma provisional varias leyes polémicas impulsadas por él.
«No hay erogación de fondos públicos. Los funcionarios que deciden movilizarse libremente lo hacen por su propia voluntad», señaló la portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, durante su rueda de prensa semanal.
La funcionaria dijo que deben ser los periodistas los que investiguen sobre el financiamiento que «haya provenido por parte de los ciudadanos», pero que en el caso del Gobierno, los ministros que acudieron a la marcha «lo hicieron con permiso, con cargo a vacaciones».
«El presidente hizo la convocatoria y está orgulloso de que la gente se haya autoconvocado por una causa que consideramos justa», reiteró.
Además, Jaramillo volvió a negar que el Ejecutivo haya estado involucrado en la instalación y financiamiento de varias vallas publicitarias que aparecieron el martes en algunas calles de Quito, en las que se mostraba la cara y los nombres de los nueve jueces constitucionales y en las que se los acusaba de «robar la paz» a los ciudadanos.
«No tengo conocimiento de quién financió las vallas», reiteró.
La portavoz también se pronunció por una publicación realizada el pasado jueves por el Diario Expreso, que vinculó a una funcionaria de la Presidencia con la organización Ecuador Merece Paz, que se atribuía la autoría de unas vallas en las que se señalaba que la Corte había suspendido artículos clave para la seguridad de los ecuatorianos, acompañado de un contador de homicidios.
Según el medio, el documento de prensa difundido y atribuido a la organización, en el que respaldaba la política de seguridad del presidente Noboa, fue elaborado en un archivo cuyos metadatos registran como autora a una persona que tiene el mismo nombre de una funcionaria del Ejecutivo.
«Respecto de los metadatos, me parece que cualquier persona que haya trabajado en una computadora sabe que esto es modificable en cualquier momento y de cualquier computadora, así que no constituye un elemento del cual podamos presumir autoría de nadie», afirmó Jaramillo.
La instalación de esas vallas se realizó en el marco de la manifestación que Noboa convocó en contra del alto tribunal, que hace dos semanas suspendió el efecto de algunos artículos de las polémicas leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública, recientemente aprobadas por el Legislativo, controlado por el oficialismo.
Entre esos artículos figuran el que le confieren al mandatario prerrogativas como el «indulto anticipado» a policías y militares, así como un sistema de inteligencia que permite a agentes encubiertos con identidad falsas y obtener de las empresas de telefonía información sobre sus usuarios.
Para Noboa, estas normas son cruciales para frenar la crisis de seguridad y violencia que atraviesa el país andino, pero han sido ampliamente rechazadas por organizaciones sociales, sindicatos y defensores de los derechos humanos, quienes interpusieron decenas de demandas de inconstitucionalidad -algunas de ellas admitidas a trámite por la Corte- al considerar que las mismas vulneraban diversos derechos.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, entre otros, rechazaron los «ataques» y «hostigamientos» que recibió la Corte Constitucional y llamaron al Gobierno a respetar la independencia judicial.
