Quito, 8 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador ratificó este lunes la realización, el próximo jueves, de una marcha «por la seguridad y la paz» convocada por el presidente Daniel Noboa, quien en agosto pasado lideró otra en rechazo a la decisión de la Corte Constitucional (CC) de suspender parcialmente unas leyes que el Ejecutivo considera indispensables para la seguridad del país.
«El objetivo de la marcha es reafirmar el compromiso que tienen los ecuatorianos con la seguridad y con la paz», dijo este lunes en su rueda de prensa semanal la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo.
Abundó que el Gobierno del ‘Nuevo Ecuador’, como se define la Administración de Noboa, «es capaz de manifestarse en las calles en una marcha pacífica».
Jaramillo reiteró que, en términos generales, el objetivo es «la paz, la justicia y la seguridad», un «compromiso» que no distingue «ninguna bandera política ni ninguna ideología», dijo.
El pasado 1 de septiembre, Noboa convocó a la ciudadanía a una movilización para expresar, «de manera firme y pacífica, el compromiso de Ecuador con la paz, la justicia, valores fundamentales para la convivencia democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho».
La marcha, que iniciará a las 09:00 hora local (14:00 GMT) tendrá lugar en la ciudad costera de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador, país que cerró el primer semestre de 2025 con 4.621 homicidios, el semestre más violento desde que se tienen registros.
Se trata de la segunda movilización convocada por el Ejecutivo, luego de una encabezada por Noboa en agosto pasado, que tuvo lugar en medio de un pulso que mantiene con la CC por polémicas leyes que le ha suspendido parcialmente.
El pasado 12 de agosto, día de la marcha, aparecieron carteles con los rostros y los nombres de los jueces, a los que se les señalaba por «robarle la paz» a los ecuatorianos por haber suspendido parcialmente tres polémicas leyes.
El Gobierno deslindó responsabilidades por la colocación de esos carteles.
El único freno a Noboa
La CC es actualmente el único ente estatal que ha frenado la actuación de Noboa, especialmente al modular y limitar los sucesivos estados de excepción que ha decretado desde inicios de 2024 cuando declaró al país bajo «conflicto armado interno» contra el crimen organizado.
Las tres polémicas leyes que son materia de revisión por parte de la CC son promovidas por Noboa con carácter económico urgente, un mecanismo para tramitar de manera exprés proyectos de leyes en materia económica, pero que contienen disposiciones sobre otras materias enfocadas en seguridad.
Por ello, las denominadas leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública y Transparencia han acumulado numerosas demandas de inconstitucionalidad por parte de organizaciones y colectivos civiles que son tratadas por parte de la Corte Constitucional.
Entre los artículos suspendidos por la CC se encuentra el que otorgaba a Noboa la potestad de conceder «indultos anticipados» a policías y militares que sean procesados por delitos cometidos en el marco del «conflicto armado interno» contra las bandas criminales.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un nuevo llamamiento al Estado ecuatoriano para garantizar la independencia de la CC y la seguridad de sus magistrados.
En un nuevo capítulo de las divergencias, la CC rechazó la semana pasada tres de las siete preguntas que Noboa propuso para la consulta popular y referéndum que podría realizarse el próximo 30 de noviembre.
Entre ellas, la de la posibilidad de enjuiciar políticamente a los magistrados de la CC, la de eliminar por medio de una enmienda constitucional el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la de reabrir casinos y salas de juego en hoteles de cinco estrellas, establecer un tributo del 25 % de las ventas y destinar lo recaudado a programas contra la desnutrición crónica infantil.
