Madrid, 15 jul (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido la «necesaria reforma» de las leyes de dependencia y discapacidad ante el reto demográfico que multiplicará las personas mayores y dependientes y para «dejar atrás la época oscura de los recortes y construir un sistema de cuidados público y de calidad».
«La mandamos al Congreso y cada grupo decidirá su posición; si alguien vota en contra, no lo hará contra el Gobierno sino contra los derechos y el bienestar de 4,2 millones de ciudadanos», ha asegurado Bustinduy en la comparecencia tras el Consejo de Ministros, que remite la norma al Parlamento para su tramitación.
Para Bustinduy se trata de la «reforma social de mayor calado», que ha reunido «el mayor consenso» de la sociedad civil, comunidades autónomas y órganos consultivos. «Soy optimista y creo que saldrá adelante por unanimidad».
El ministro ha expresado su compromiso de avanzar en el aumento de la financiación de la dependencia desde la administración del Estado hasta alcanzar el 50 % y ha argumentado que «en tiempos oscuros» en los que se carga contra los vulnerables, como en Torre Pacheco, es necesario sentar las bases de un Estado social que proteja a todos.
Para el ministro, la reforma consolida la accesibilidad como derecho para personas con discapacidad, garantiza que puedan trabajar recibiendo una prestación de dependencia y desarrolla el nuevo Artículo 49 de la Constitución.
«Estamos transformando el Sistema de la Dependencia acometiendo las reformas necesarias para adaptarlo a los desafíos del presente y del futuro, con más prestaciones y servicios, nuevos derechos reconocidos, menos burocracia y más tecnología al servicio del bienestar de las personas», ha aseverado Bustinduy.
Servicios transitorios mientras se concede el recurso
El proyecto modifica la ley de Dependencia para ampliar la ayuda en el domicilio a tareas como ir al médico o hacer la compra, reconocer la teleasistencia como derecho y ofrecer servicios transitorios para los grandes dependientes y severos mientras esperan el recurso que han solicitado.
La norma elimina la incompatibilidad de las prestaciones que existía desde 2012 y amplía la ayuda económica para cuidados en el entorno familiar a personas allegadas, como vecinos o amigos.
También quita el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. Con la reforma, se genera el derecho desde la fecha del reconocimiento de la prestación o, si no hay resolución en seis meses, en ese momento.
Apoyos en viviendas compartidas y préstamo de sillas o camas articuladas
La norma incluye nuevos servicios, como apoyos en viviendas compartidas y el préstamo o cesión temporal de productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz.
Otra novedad incorporada en el proceso de escucha a la sociedad ha sido el reconocimiento de la extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, evitando así situaciones de deber reintegrar prestaciones económicas.
Incluye la asistencia personal como un servicio más del Sistema y reconoce la teleasistencia como un derecho universal, permitiendo a personas que viven en residencias recibir este servicio.
Bustinduy ha destacado que se considerarán los centros de día como un servicio de proximidad y se abrirán para prestar apoyos también fuera de sus instalaciones, como en los domicilios.
Entre los derechos que se reconocen están el de permanecer en el entorno elegido, recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas y garantizar una atención sanitaria a personas en situación de dependencia sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias.
Se podrá trabajar y mantener los servicios
Respecto a los cambios de la ley de discapacidad, están la de impedir discriminar en la contratación de seguros de salud y vida a las personas con discapacidad y el reconocimiento automático de un 33 % de discapacidad a las personas a los dependientes de grado I, mientras que los de grado II o III tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65 % de discapacidad.
Se modifica la ley de propiedad horizontal para generar obligaciones a la comunidades de vecinos de pedir las ayudas para obras de accesibilidad (ascensores, rampas..) si lo pide una persona. Se estima que 100.000 personas están encerradas en sus casas por problemas de accesibilidad.
Permitirá la posibilidad de compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema, que hasta ahora, muchas personas se veían obligadas a renunciar a estos apoyos al iniciar una actividad laboral.
La norma incluye que la accesibilidad universal es reivindicable ante cualquier instancia y la obligación de garantizarla en el patrimonio histórico y cultural.
Reparto de 783 millones
El Consejo de Ministros ha autorizado el reparto de 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
«Nuestra vocación es continuar la senda de crecimiento de la financiación, que se ha triplicado desde el 2014 y para ello vamos a continuar nuestro trabajo tanto en el Consejo Territorial como en el seno del Ejecutivo hasta cumplir con lo recogido en el Acuerdo de Gobierno».
Bustinduy ha señalado que en 2024 las comunidades recibieron más de 800 millones de euros de los fondos europeos para implantar sistemas de teleasistencia y transformar más de 15.000 plazas residenciales, además de otros 230 millones para pagar cotizaciones de cuidadores no profesionales.
