Madrid, 1 ago (EFE).- El Gobierno español ha solicitado una prórroga a Bruselas, sin especificar su duración, para remitir el informe sobre el estado del lobo correspondiente al periodo 2019-2024, que en principio debería haberse enviado antes de la medianoche del pasado 31 de julio.
Según han confirmado este viernes fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) consultadas por EFE, el Ejecutivo ha trasladado esa petición a Bruselas «hace unos días» y está pendiente de respuesta.
Las mismas fuentes han precisado que «la ampliación del plazo para subir las fichas (de las diferentes especies al sistema informático de Bruselas) no se ha hecho solo con el lobo, sino con todas las especies recogidas en el Artículo 17 de la Directiva Hábitats» para la conservación de los ecosistemas de fauna y flora silvestres.
En cambio, sí se han presentado las correspondientes a todas las especies recogidas en el Artículo 12 de la Directiva de Aves, según esto.
Mientras aguardan respuesta de Bruselas, «el estado del lobo sigue siendo desfavorable», han puntualizado.
Al parecer, Bruselas ha dado también más margen para entregar los informes al resto de países, más allá del límite inicial del 31 de julio, debido a un problema informático en la aplicación para subir los datos.
El citado informe es un documento indispensable para cumplir con el informe sexenal que España debe presentar a la Comisión Europea acerca del estado de conservación de la especie.
Ese texto se basa en los datos que han suministrado las comunidades autónomas y debe detallar cuál es la situación del lobo en el país durante ese periodo.
Su entrega a Bruselas es un requisito para poder evaluar el cumplimiento de la normativa comunitaria sobre la protección del lobo y debe remitirse después de que las comunidades autónomas lo hayan presentado antes al Ministerio español de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para su recopilación.
El TC admite a trámite recurso del Defensor del Pueblo
El pasado día 22, el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo contra varios artículos de la llamada Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario que facilitaban la caza del lobo ibérico.
En concreto, se cuestionaban tres puntos de la citada legislación: la disposición adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena de la Ley 1/2025 de 1 de abril que, a su juicio, vulneran los artículos 45 -derecho al medioambiente- y 24.1 de la Constitución -derecho a la tutela judicial efectiva-.
La disposición octava justifica en la «eficiencia del sistema productivo» la posibilidad de conceder autorizaciones excepcionales para cazar lobos, pero está redactada de manera que, según el recurso del Defensor del Pueblo, «hace que no sea preciso invocar ninguna situación especial o extraordinaria» para ello.
La disposición transitoria única permite la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) al sur del Duero, una vez se modifique el régimen de protección a nivel comunitario, lo que de hecho ya ha sucedido porque la Unión Europea redujo recientemente ese nivel.
En cuanto a la disposición decimonovena, saca a las poblaciones de esta especie al norte del Duero directamente del LESPRE.
Tensiones entre Miteco y comunidades
La admisión a trámite del recurso tensó aún más el pulso que actualmente libran el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y las comunidades sobre el futuro del lobo.
El análisis elaborado por el Miteco a partir de los datos facilitados del último censo de la especie recientemente publicado, que certifica la existencia de 333 manadas -un 12 % más que en el anterior censo, que data de 2012/2014-, concluye que su estado de conservación sigue siendo «desfavorable-inadecuado» y justificaría su regreso al LESPRE.
En cambio, las llamadas «comunidades loberas», situadas al norte del río Duero, consideran que ese crecimiento es un testimonio de que el animal no se encuentra en peligro y que su estado puede considerarse «favorable».
Fue ese desacuerdo lo que llevó a la suspensión de la citada Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que se había programado -para luego cancelarse- para el pasado 22 de julio.
