Madrid, 27 ago (EFE).- El Gobierno exige que las comunidades autónomas cumplan con la reubicación de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla y no teme que prosperen los recursos del PP y de Castilla-La Mancha que pretenden frenar esta medida en los tribunales.
El cruce de declaraciones ha continuado este miércoles, cuando se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el último decreto aprobado para poner en marcha el reparto obligatorio de estos menores por todo el país, que fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad y entra en vigor el jueves.
La meta es derivar a alrededor de tres mil menores y también a los que lleguen a Canarias, Ceuta y Melilla a partir de septiembre. Al margen de este proceso, el Gobierno está comenzando a asumir la atención de otro millar de menores solicitantes de asilo, tal y como le ordenó el Tribunal Supremo.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han advertido de que las comunidades autónomas están obligadas a cumplir con la ley que regula esta derivación y que de no hacerlo habrá consecuencias legales y tendrán que actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
«No me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y aceptar la tutela», ha asegurado Torres en Televisión Española, donde ha explicado que si alguna lo hiciese, «lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación».
Ambos ministros han defendido que los parámetros no dan ventajas a ninguna comunidad y son objetivos y transparentes: pueden pedir el traslado de menores las autonomías que tripliquen el ratio de acogida de 32,6 menores por cada cien mil habitantes y se aplicarán además parámetros como el esfuerzo previo, la renta, la insularidad o la situación fronteriza.
Ni el Gobierno ni Canarias ven recorrido a los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo por parte de once autonomías, dos de las cuales pedirán la suspensión cautelar de este sistema.
Al respecto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha argumentado que tanto el Supremo como el Constitucional han abogado por anteponer la protección de los menores y que además el tribunal de garantías señaló que la cuestión de los menores era una «competencia concurrente de comunidades y Gobierno de España».
Canarias pide humanidad
Canarias, que triplica el ratio de migrantes que debería acoger, ha pedido humanidad al resto de comunidades autónomas, con el argumento de que acoger a 4.000 menores no puede ser un problema en un país con 49 millones de habitantes.
Clavijo ha denunciado además xenofobia y fascismo: «Hay que aprender a gestionar la cuestión migratoria con dignidad y no utilizarla como una herramienta para la política xenófoba y fascista que en muchas ocasiones tiene que ver con el color de piel. Hemos gestionado la llegada de cientos de miles de ucranianos sin esta contestación por parte del populismo de derechas xenófobo y fascista que estamos viendo».
Quejas de varias comunidades del PP y de Castilla-La Mancha
Entre tanto, continúan las quejas de otras autonomías. Denuncian imposición y falta de diálogo, mientras que el Gobierno recuerda su plantón en la Conferencia Sectorial de Infancia, de cara a abordar una regulación que, ante la ausencia de acuerdo, permitía al Ejecutivo fijar los parámetros.
Este miércoles, Andalucía ha vuelto a denunciar un trato de favor al País Vasco, que el Gobierno niega, y ha reclamado de nuevo que se le aplique el criterio de frontera, que actualmente solo se aplica a Ceuta y Melilla.
Castilla-La Mancha, gestionada por el PSOE, ha defendido que es imposible la acogida sin financiación estatal suficiente, mientras que La Rioja ha pedido el dato concreto de cuántos menores debe acoger.
Además, la presidenta balear, la popular Marga Prohens, ha calificado de «amenaza y matonismo» la advertencia de Torres de que si se incumple la ley actuarán las fuerzas de seguridad del Estado. «¿Me enviarán a qué a las fuerzas de seguridad?», ha cuestionado.
Por el momento, los datos de futuras derivaciones que se conocen son provisionales y se deben recalcular a la baja, restando al millar de solicitantes de asilo que atenderá el Estado.
Sin esa resta, Andalucía (677 jóvenes), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571) son las comunidades que más menores deben recibir. En la lista seguían Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156) Asturias (144) Región de Murcia (133) Navarra (188) e Islas Baleares (49).
Por el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque la Generalitat catalana anunció su intención de atender como mínimo a 31.
