Melilla, 23 sep (EFE).- El Gobierno ha firmado este martes en Melilla los expedientes de tres menores migrantes que serán trasladados a otras comunidades autónomas, los primeros que se llevan a cabo en España en el procedimiento de reubicación y que deberán ser materializados en un plazo de cinco días naturales.
El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha viajado a Melilla para participar en la reunión de coordinación para la reubicación de los primeros menores migrantes no acompañados, en la que la Delegación del Gobierno ha dado luz verde a su traslado con la firma de los tres expedientes definitivos.
En declaraciones a los periodistas, el secretario de Estado ha confirmado que se trata de tres menores que accedieron a Melilla recientemente, después de ser declarada la situación de contingencia migratoria en la ciudad pasado 29 de agosto, cuyo procedimiento de reubicación establece unos plazos administrativos más cortos, de 15 días.
Paralelamente, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha avanzado que se está trabajando en otra treintena de expedientes de menores para su reubicación a otras comunidades, que se irán materializando a medida que se vayan completando.
Arcadi España no ha concretado el lugar donde serán reubicados estos primeros menores porque se enmarca en “una fase interna del procedimiento que se comunica cuando se firma, por supuesto, con antelación a la comunidad autónoma de destino”.
Ha confiado en que ninguna se niegue a aceptar menores en este proceso de reubicación y todas cumplan “lo que dice la normativa, poniendo el derecho de los menores y la solidaridad entre territorios siempre por delante de sus intereses políticos, que pueden ser coyunturales”.
Según el secretario de Estado, una vez que la Delegación del Gobierno ha firmado la resolución definitiva, el trabajo para la reubicación debe efectuarlo la Ciudad Autónoma, que tiene un plazo de cinco días naturales que establece la ley para ponerse contacto con la comunidad autónoma de destino con una antelación de 48 horas al traslado, en el que también debe acompañarlo.
Arcadi España ha afirmado que, aunque es una cuestión que ya depende de la Ciudad Autónoma, el Estado tiene voluntad de “ayudar en todas las fases del procedimiento, sean competencia de una administración u otra, porque hay un interés superior que es el que hay que salvaguardar”, de ahí la reunión de coordinación a la que ha asistido también el Gobierno de Melilla.
Para garantizar que se protegen esos derechos, el secretario de Estado ha informado de que la Fiscalía siempre está en todo el procedimiento mediante un informe a lo largo de la instrucción de la parte que hace la Delegación del Gobierno, pero también van a estar protegidos por todas las administraciones, ya que se notifica a la comunidad de destino, a la Delegación del Gobierno, al Gobierno autonómico y a la Policía.
El secretario de Estado ha destacado el trabajo conjunto entre todas las administraciones y la normalidad con la que se está desarrollando todo el procedimiento y ha confiado en que siga así en esta segunda fase para la derivación de los menores a otras regiones desde los territorios donde se ha declarado la contingencia migratoria extraordinaria.
Entre ellos, ha señalado Canarias y Ceuta, donde el Gobierno también está trabajando y coordinando el proceso.
En concreto, el director general de la Administración General del Estado en el Territorio, Agustín Torres, que se encuentra este martes en Melilla, viajará también a Ceuta con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa; mientras que en Canarias el propio ministro Ángel Víctor Torres visitó la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno para coordinar el proceso.
En Melilla, la delegada del Gobierno ha destacado los trabajos “continuos y diarios” de coordinación interministerial y con los técnicos de la Ciudad Autónoma desde la declaración de la contingencia migratoria.
Melilla acoge a más de 210 menores extranjeros no acompañados en sus centros de protección, según las cifras facilitadas días atrás por la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, que mostró lealtad institucional y aseguró que el Gobierno melillense va a cumplir los pasos que le requieran aunque no esté de acuerdo con el fondo del reparto.
