Madrid, 11 ago (EFE).- El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo que impide las celebraciones musulmanas en instalaciones deportivas ante las críticas de PP, que cree que sólo busca confrontar, y Vox, que le acusa de querer tapar sus escándalos con una falsa polémica.
Presentado por la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, el Ejecutivo sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que «las razones objetivas esgrimidas no se sustentan».
Según el Gobierno, el acuerdo alcanzado «restringe de forma arbitraria» una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando los principios constitucionales de libertad religiosa, igualdad y neutralidad confesional de la Administración.
«No hay duda que el acuerdo cuya anulación se requiere incurre en desviación de poder, empleando la potestad municipal para impedir las celebraciones religiosas musulmanas de forma impropia, desviada, aunque aparentemente parece regular el uso de las instalaciones deportivas municipales, sin embargo, bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del Derecho fundamental a la libertad religiosa», recoge el escrito, al que ha tenido acceso EFE.
En un mensaje en X, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido la medida: «Frente a la deriva extremista de PPVox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia», garantiza.
Mariola Guevara ha subrayado que desde el Ejecutivo «combatirán política y jurídicamente cualquier paso hacia el autoritarismo»; en un mensaje en la red social Facebook, asegura que el Ejecutivo «defiende la libertad religiosa en Jumilla» y que la decisión del Ayuntamiento es «arbitraria y vulnera un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución: la libertad religiosa».
También el PSOE ha cargado contra el Partido Popular por comprar la ideología del partido de Santiago Abascal y ha subrayado que «Vox manda, el PP obedece y España retrocede», acusándolo de llegar incluso «a institucionalizar la islamofobia y el racismo» con tal de llegar al Gobierno, según lamenta en sus redes sociales la portavoz socialista Montse Mínguez.
Pero el PP cree que el Gobierno sólo busca, como Vox, seguir incrementando «la confrontación y los muros» al impugnar la moción, según su vicesecretario general, Juan Bravo, quien ha asegurado que su partido defiende la libertad de culto y que la norma aprobada «no veta absolutamente nada».
El dirigente popular asegura que la moción no tiene efectos jurídicos, como han señalado los letrados -ha dicho-, con lo que es evidente que el Ejecutivo lo que busca es «simplemente hacer ruido para sacar un beneficio», insistiendo en que hay dos partidos (PSOE y Vox) que lo que quieren es «poner esos muros más altos» y polarizar al conjunto de los españoles: «a nosotros ahí no nos van a encontrar nunca».
Por su parte, el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha señalado a EFE que el requerimiento responde a una estrategia de un «gobierno mafioso, que trata de tapar sus escándalos con una polémica que no es tal».
Antelo ha atribuido la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez a un intento de crear una «polémica que no existe, que es sentido común», y ha insistido en su defensa de la «cultura española, que es la cultura de la cristiandad».
Quien sí lo ha celebrado es el coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, Walid Habbal: «¡Qué buena noticia!», ha exclamado al conocer la impugnación antes de advertir que, de haberse aplicado el cambio en la ordenanza reguladora del uso del polideportivo, «se hubiera dado un paso atrás importantísimo, se habría retrocedido al menos 40 años».
Igualmente, Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «hace bien impugnando este acuerdo para revertir una decisión contra la libertad religiosa», y que la medida del municipio corre el riesgo de abrir una espiral muy peligrosa en un país que es aconfesional pero en el que se respeta la libertad de culto».
El Ayuntamiento de Jumilla ha eludido pronunciarse, pero sí lo han hecho algunos de sus vecinos; así, Francisca Muñoz, una jumillana residente en Murcia capital, pero que pasa todas las vacaciones en su población natal, ha apuntado a EFE que «lo que pasó en el ayuntamiento» no se corresponde con lo que ocurre fuera porque en esta localidad no existen problemas de convivencia y los extranjeros residentes «vienen a trabajar y a consumir».
Héctor Alfredo Guzmán, un latino residente en el pueblo, defiende el derecho universal a la libertad religiosa. «Nadie puede quitar ese derecho», subraya, mientras que Mamdú Turé, que llegó a Jumilla hace 20 años desde Mali, ha explicado a EFE que todos los años piden permiso al ayuntamiento para organizar la fiesta del cordero y el fin del Ramadán «y no pasa nada, estamos allí sin problema».
